ONG ven oportunidad de legalizar el aborto por violación
El proyecto del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (COPINNA) que debe ser sometido próximamente a un segundo debate legislativo, abre esperanzas entre las ONG de mujeres en Ecuador, al
Así lo manifestaron en una rueda de prensa celebrada este martes en Quito representantes de la al valorar la situación de desprotección que afrontan los niños, niñas y adolescentes en el país andino, a la cabeza en la naturalización de las violencias en las clasificaciones regionales.
Sobre la inclusión de la despenalización del aborto por violación a menores, la responsable de la Fundación Desafío, Virginia Gómez, consideró que "sería una oportunidad para que, por lo menos niñas y adolescentes,
En caso de que la actualaprobara el borrador del proyecto en un segundo debate previo a la conclusión de la legislatura en mayo, esto supondría un espaldarazo a la despenalización del aborto para ese grupo poblacional, después de que en 2019 el Legislativo rechazara ampliar las causales vigentes para la interrupción voluntaria del embarazo.
En Ecuador el aborto es permitido si la vida de la mujer está en peligro o el embarazo ha sido producto de una violación a una mujer con discapacidad mental.
Unicef pidió el lunes a la Asamblea Nacional de Ecuador que analice con mayor profundidad el código propuesto, debido a que existen inconsistencias que deben ser resueltas para que haya plena garantía de derechos de los niños y niñas.
"Nos parece que no está listo y que no hay urgencia. Creemos que todavía no cumple con la Convención (sobre los derechos del niño), la legislación nacional y que se puede trabajar antes de presentar el informe al segundo debate", explicó a Efe el representante de Unicef en Ecuador, Joaquín González-Alemán.
Al respecto, Verenice Cordero, representante de Dignidad más Derechos, subrayó el alcance del documento analizado por una comisión ocasional del Parlamento y que abarca cuatro libros.
En este sentido, enmarcó la propuesta en línea con la disposición constitucional 175 que aboga por la no discriminación a una persona por diferentes motivos, o la inclusión en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el que no proscribieran los delitos sexuales cometidos a menores, medida respaldada por la mayor parte de la ciudadanía en una consulta popular celebrada en 2018.
"Entiendo que (Unicef) tiene observaciones al libro tres, en temas de discapacidad y movilidad humana", opinó Cordero.
Pero al mismo tiempo observó, "son momentos de oportunidad, no sabemos cuándo se presenten nuevas condiciones, de manera que no creo que la urgencia tiene que eliminar un trabajo técnico, jurídico bien logrado".
En nombre de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador intervino Rocío Rosero, para quien ha sido vital en la elaboración del nuevo código el haber priorizado "la inclusión transversal de los temas de prevención y erradicación de las violencias contra las niñas y adolescentes mujeres".
"Creemos que la sociedad ecuatoriana no resiste más violencia, necesitamos una legislación especializada que aborde los temas", manifestó.
La propuesta de reforma del denominado Código de la Niñez y la Adolescencia, que data de 2013, surgió tras conocerse en 2017 estremecedores en el sistema educativo nacional.
Entre otras cuestiones, las ONG exigen la plena vigencia de un Estado laico y el compromiso de una educación sexual integral.
Entre 2015 y septiembre de 2020 se registraron en el país 20.682 delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
En Ecuador dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas por primera vez, y cada día se registran gestaciones de 13 niñas entre 10 y 14 años, producto de una violación, denuncian las organizaciones de mujeres.