Nuevo juicio político contra CPCCS podría archivarse
Eventual enjuiciamiento político de 4 miembros en el Pleno truncaría el otro proceso.
Dos días antes de que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelva el juicio político en contra de José Carlos Tuárez, presidente del organismo; Rosa Chalá, vicepresidenta, y los vocales Walter Gómez y Victoria Desintonio, la Comisión de Fiscalización se reunió este lunes 12 de agosto de 2019 para debatir el informe sobre otro proceso similar en contra de los mencionados integrantes.
De acuerdo con Johanna Cedeño Zambrano, presidenta de la Comisión de Fiscalización, este nuevo proceso en contra de los cuatro miembros del CPCCS “debe cumplirse a cabalidad con los plazos establecidos”.
Según declaraciones que recoge la web del Legislativo, Cedeño precisó que “a pesar de que el Pleno de la Asamblea resolviera el día miércoles por la censura y destitución, el organismo legislativo deberá adoptar una decisión al respecto. En caso que ya no estén en funciones, lo que correspondería es el archivo de esta causa, no porque no existan causales, sino porque ya no ejercen su función”.
La legisladora mencionó que este nuevo proceso, presentado por el legislador Raúl Tello, tiene dos motivos adicionales que no estuvieron contemplados dentro del primer proceso: proselitismo político, y la negativa de entregar información a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social.
El miércoles 14 de agosto se decidirá el futuro de 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. A las 9:30 de la mañana, iniciará la sesión del Pleno para tratar el juicio político en contra de José Carlos Tuárez, presidente del organismo; Rosa Chalá, vicepresidenta, y los vocales Walter Gómez y Victoria Desintonio.
La Comisión de Fiscalización tramitó los pedidos de juicio político. Esta mesa legislativa unificó, en un solo informe, 2 pedidos de juicio político.
Uno fue la pedido de los asambleístas Raúl Tello y Jeannine Cruz, quienes acusan a Tuárez y los otros tres consejeros de desacato, luego de crear una comisión para evaluar la designación de los jueces de la Corte Constitucional, elegidos por el Consejo de Participación transitorio.
La otra solicitud es del asambleísta Fabricio Villamar, quien considera que Tuárez carece de legitimidad para desempeñarse en ese cargo y por supuesta falsificación de documentos públicos, utilizados para su candidatura en las elecciones de marzo de 2019.