Millonaria glosa contra alcalde de Santa Elena por compra de terrenos para proyecto inmobiliario que no se ha hecho
La Contraloría General del Estado emitió glosas por más de 9 millones de dólares contra diez funcionarios del Municipio de Santa Elena, entre ellos el alcalde.
El proceso se inició porque el Cabildo compró casi 3.000 lotes de terreno para la construcción de proyectos inmobiliarios que no se han realizado.
En la pequeña comunidad de Punta Blanca, el Municipio adquirió 2.776 lotes hace ocho años, en la primera administración del actual alcalde Otto Vera.
Él confirma que la compra se efectuó en 2014 para un plan habitacional, pero no se desarrolló, argumenta, porque le tocó salir del cargo y recién volvió hace dos años.
Aún así, los terrenos están llenos de maleza, rodeados de árboles y animales. No hay casas.
Pero eso no es todo, el Municipio de Santa Elena compró los 2.776 lotes a un consorcio conformado por siete empresas a un costo de más de 10 millones de dólares, pero no pagó con dinero, sino que lo hizo a través de notas de crédito, a 20 años plazo.
Eso quiere decir que durante esos 20 años, aquellas empresas no le pagarán al Municipio de Santa Elena impuestos prediales, tasas, contribuciones especiales ni los aranceles del Registro de la Propiedad.
Carlos Riofrío, contralor subrogante, explica que la responsabilidad civil se da “por haber adquirido más de 2.700 lotes para un proyecto que hasta la fecha no se ha ejecutado. Era un proyecto que no es visible, no consta en ningún lado y no existe el estudio para que se ejecute ”.
De su lado, el alcalde Vera señala: “hemos invertido, contratado estudios, lastrado vías internas y mañana, más tarde, van a ver el desarrollo inmobiliario”.
Vera aseguró a Ecuavisa que en el sitio se realizan trabajos, pero luego de un largo recorrido no se observó a ningún empleado del Municipio en el lugar, que no es un terreno plano, sino que tiene varias pendientes y luce abandonado.
El alcalde asegura que no han sido notificados, la Contraloría lo contradice.
En tal caso, los diez funcionarios tienen 60 días para presentar las pruebas de descargo, de lo contrario la glosa de 9 millones de dólares será confirmada.