Más de mil personas han sido detenidas durante el estado de excepción, asegura el Gobierno
Un total de 1.193 personas han sido detenidas en Ecuador desde el pasado 29 de abril, cuando entró en vigor el estado de excepción decretado para las provincias de Esmeraldas, Guayas y Manabí por los altos índices de violencia, informó la Presidencia de la República.
Según el Gobierno Nacional, desde el 30 de abril al 14 de mayo, se han ejecutado 53.895 operativos en los que han participado alrededor de 9.000 militares y policías, en el marco del llamado "Plan rescate".
Asimismo, apuntó que entre los resultados de los operativos se contabilizaron 490 vehículos y motocicletas retenidos y recuperados, así como el decomiso de 144 armas de fuego.
Por otra parte, las autoridades aseguran haber incautado durante este período más de tres toneladas de droga.
El pasado 29 de abril, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en las mencionadas tres provincias para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye el toque de queda nocturno en cuatro poblaciones.
El Gobierno informó, además, que destinó una partida de 11,5 millones de dólares para reforzar la seguridad en Guayaquil.
Estas decisiones se enmarcaron en la creciente violencia que se vive en el litoral ecuatoriano protagonizada por bandas criminales organizadas enfocadas principalmente en el narcotráfico y algunas con vínculos con carteles de la droga de México y Colombia, según apuntan las autoridades ecuatorianas.
Escenas como la aparición de personas incineradas, decapitadas o hasta colgadas de puentes, además de los asesinatos, se han vuelto cada vez más frecuentes en las provincias costeras, principalmente alrededor de Guayaquil, cuyo puerto es utilizado de trampolín para la cocaína producida en Colombia, Perú y, en menor medida, también en Ecuador.
Este fenómeno también tiene un sanguinario capítulo en la crisis carcelaria de Ecuador, donde casi 400 presos han muerto en los dos últimos años en distintos enfrentamientos entre este tipo de bandas rivales que se disputan el control interno de las prisiones.