Juez de Quito acoge pedido de Fiscalía y no da paso a demolición de edificio policial
El juez de Quito, Germán Gallo, ordenó que el edificio de la Escuela Superior de Policía, en Quito, donde habría ocurrido el asesinato de la abogada María Belén Bernal, no sea derribado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó la mañana de este viernes 30 de septiembre que el magistrado dio paso "a la orden especial de medida cautelar solicitada" por FGE para "preservar el lugar de los hechos".
El presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata, y la directora de esa institución policial, Irany Ramírez, serán informados oficialmente sobre esta decisión judicial, acotó la FGE en sus redes sociales.
La demolición de la estructura fue anunciada el pasado lunes por el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante una ceremonia en la que se clausuró simbólicamente el edificio donde habría sido asesinada Bernal.
El jefe de Estado aseguró que el derribo se produciría después de que se realizasen todas las diligencias necesarias para la investigación.
El caso de María Belén Bernal ha indignado y conmovido a todo el país y se ha vuelto uno de los emblemas de la violencia contra la mujer al haberse producido dentro de una instalación policial, lo que ha llevado a la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, a calificarlo incluso de "crimen de Estado".
Los hechos se remontan al 11 de septiembre, cuando Bernal acudió a la Escuela Superior de Policía a visitar a su esposo Germán Cáceres, que ejercía de instructor en ese centro formativo de policías, ubicado al norte de la capital.
Desde ese momento desapareció hasta que su cuerpo fue hallado diez días más tarde en un cerro cercano a la Escuela de Policía con señales de estrangulamiento, de acuerdo a lo informado por la Policía a partir de la autopsia.
Mientras, Cáceres, principal sospechoso del crimen, sigue prófugo y en paradero desconocido después de que rindiera una primera declaración ante la Fiscalía en los primeros días de la desaparición, sin que en ese momento se formulasen cargos contra él.
El Gobierno ha incluido a Cáceres dentro de la lista de las diez personas más buscadas del país e incluso ha ofrecido una recompensa de hasta 20.000 dólares a quien facilite su captura.