La Ley del Uso de la Fuerza permite someter al sospechoso que usa explosivos

Ecuador vuelve a ser noticia a nivel mundial con la detonación que se registró el pasado 14 de agosto y que provocó la muerte de cinco personas en un barrio en el suroeste de Guayaquil, el Cristo del Consuelo.

Ese domingo, el país entero amaneció con una noticia difícil de procesar y se suma a las de cuerpos colgados en un puente peatonal en Durán, la masacre carcelaria que cobra la vida de más de 400 personas o la delincuencia común de todos los días.

Según la Dinased, en 2022 se han registrado 2.647 muertes violentas entre enero y el 13 de agosto. Es decir, respecto a todos los meses de 2021 ya hay un incremento de casi el 6% y todavía faltan cuatro meses y medio para que acabe el año.

En cuanto al uso de explosivos, según el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), solo en Guayaquil se han registrado más de 72 casos y en todo el país 145. Usan artefactos como granadas, dinamita, emulnor, pentolita, y otros explosivos sin identificar.

Solo en uno de todos esos eventos se registraron muertes: el del domingo 14 de noviembre. Además, personas resultaron heridas y hubo pérdidas materiales.

Lo cierto es que está vigente l,a Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza y que desde principios de este año se ha impulsado la idea de que con esa normativa se podría lograr disminuir los índices de inseguridad.

El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, encargado de gestionar la ley que finalmente pasará a Registro Oficial, no tiene duda de que este instrumento permite una actuación eficiente de la fuerza pública frente a la delincuencia.

En un caso particular, como el ocurrido en Guayaquil, el Legislador ve un elemento clave que pudo haber evitado el atentado, con base en la Ley del Uso de la Fuerza: el control de explosivos por parte de las Fuerzas Armadas.

Si bien esto ya era parte de las funciones que deben ejercer los militares en todo el país, el artículo 32 de la ley, en el tercer punto establece que está permitido el uso legítimo de la fuerza en actividades como el "control, producción, comercialización, transporte, almacenamiento, tenencia y empleo de armas, explosivos y afines".

La abogada constitucionalista Angélica Porras y el asambleísta Narváez ven otros mecanismos en los que la ley podría contribuir. Por ejemplo, en la preparación de los agentes de la fuerza pública.

Un capítulo de la Ley plantea la formación, capacitación y entrenamiento de los uniformados. Deben recibir formación en derechos humanos, manejo de crisis, control de reuniones violentas, métodos y técnicas para el control físico, ética y doctrina policial o militar, entre otros.

Los analistas consultados por Ecuavisa.com, reconocen y aplauden ese deber del Estado. Porras dice que la educación en seguridad es fundamental para tener una respuesta oportuna.

Sin embargo, todos coinciden en que termina siendo insuficiente que quede en la norma si no hay la voluntad política o los recursos necesarios.

La inseguridad no se combate con leyes, explica Lester Cabrera, especialista en seguridad y defensa. Al preguntarle qué tanto ayudó la ley que se creía que iba a ser la salida, dijo que "muy poco", reconoce que hay un factor de respaldo hacia el accionar de los uniformados pero dice que continúa siendo un mecanismo represivo y no preventivo.

En eso empata la abogada Porras, su lectura apunta a que la ley permite un accionar reactivo pero no necesariamente preventivo, aunque sí se utiliza esa palabra en las definiciones y ámbitos de la ley.

Ambos (Cabrera y Porras) analizan el problema desde su raíz y explican que con una presencia íntegra del Estado en los lugares más vulnerables se podría lograr mucho más que con una ley.

No obstante, Cabrera sí cree que es necesario otro esfuerzo en el ámbito legal, puntualmente respecto a Inteligencia. A su criterio normar ese ámbito sí permitiría prevenir eventos como el ocurrido en Guayaquil y decenas de otros que provienen de estructuras de narcoterrorismo.