La Corte declara inconstitucional el decreto ambiental rechazado por indígenas
La Corte Constitucional de Ecuador declaró este viernes inconstitucional el Decreto 754, que reformaba el Código Orgánico del Ambiente y que el Gobierno había emitido para hacer consultas ambientales en zonas de proyectos de inversión, incluidos los extractivos.
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La Corte ya había suspendido cautelarmente en agosto pasado la aplicación del decreto, pero este viernes ratificó su decisión, argumentando que el reglamento vulneraba derechos de las comunidades y favorecía exclusivamente a transnacionales.
El fallo del Constitucional señala que el decreto impugnado "era inconstitucional por la forma al transgredir el principio de reserva de ley" consagrado en la carta magna.
Además, consideró que la consulta ambiental debe ser regulada a través de una ley orgánica y no por medio de un reglamento, como pretendía el Gobierno de Lasso.
La Corte, además, acogió el criterio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que invocó regulaciones internacionales que establecen un procedimiento de "consulta previa, libre e informada" a las comunidades, en protección de sus territorios y culturas.
El decreto del Ejecutivo garantizaba la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el proceso de consulta, aunque no les obligaba a que sean partícipes, ya que en anteriores ocasiones se habían negado a ser parte del mecanismo.
El pleno del organismo constitucional determinó que la consulta ambiental del Gobierno "no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pues a ellos les corresponde una consulta previa, libre e informada".
El fallo de la Corte es un triunfo para las comunidades indígenas de Ecuador, que habían rechazado el decreto de Lasso, que consideraban que vulneraba sus derechos.
La consulta ambiental del Gobierno había generado resistencia en zonas que se pretendían entregar en concesión a proyectos mineros como las andinas de Las Naves y Sigchos, en las que se registraron fuertes enfrentamientos entre las comunidades con militares y policías.
El presidente Lasso, que desde que disolvió la Asamblea ejerce a través de decretos, abandonará el poder el próximo 23 de noviembre, cuando entregue el cargo al mandatario electo, Daniel Noboa.