La comisión para la paz en las cárceles finaliza su labor con la 'voluntad' de los reos para lograrla, pero sin garantía real
La Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación llega a su fin, este 16 de junio, al terminar la vigencia de seis meses dictada en el Decreto Ejecutivo 294 firmado por el presidente Guillermo Lasso con el fin de hallar una salida a la crisis carcelaria en Ecuador.
El Padre Luis Barrios, experto en psicología criminal, que vino de Nueva York para integrar dicha comisión, contó a Ecuavisa que el informe ya fue presentado a Lasso y ahora todo está en sus manos.
Barrios es realista: no hay acuerdo de paz, solo voluntad de hacerlo, pero eso no garantiza que no habrá nuevos enfrentamientos.
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Y así consta también en el informe que ya está en poder de Lasso. La comisión que él mismo formó le dice en sus conclusiones que persiste la corrupción en el sistema penitenciario y los comisionados no tienen ninguna constancia de que el Gobierno haya hecho algo para cambiarlo.
Es que no se trata de cambiar piezas de un sistema, sino el sistema como tal, porque no funciona, así de claro lo dice Barrios.
Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), explicó el martes pasado en su comparecencia ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional que “al menos” en las comunicaciones dadas por los internos “tienen la voluntad de no tener agresiones y estar próximos a una pacificación”.
Para lograrlo, desde el Estado aún están “generando conversaciones para que no existan más actos de violencia internamente dentro de los centros de rehabilitación”.
¿QUÉ DICE EL INFORME?
Durante los seis meses de trabajo, el punto de partida ha sido contrarrestar la deshumanización por la que han atravesado las personas privadas de libertad.
"El sistema penitenciario, en su conjunto, está deshumanizado. Si entendemos la problemática desde su perspectiva integral, el sistema penitenciario no se limita a la institucionalidad que administra los centros, sino que empieza con la administración de justicia", dicen los comisionados.
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La Comisión, en sus seis meses de funcionamiento, ha logrado establecer diálogo con personas privadas de libertad en general y con quienes encabezan las organizaciones dentro y fuera de las cárceles en particular.
"A partir de este diálogo y acompañamiento permanente, se ha logrado el primer paso, el cual está cimentado en la confianza que hemos generado. Se trata de un acuerdo de voluntades que algunos líderes de las personas privadas de libertad han construido. Los grupos que han expresado esta voluntad son: Lobos, Tiguerones, Chone Killers, Latin Kings, Lagartos, R7, Choneros y Águilas".
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Los comisionados ponen el acento en otro punto importante: el "abuso" de la prisión preventiva como factor principal del hacinamiento.
Entre las más de 600 personas fallecidas entro los años 2020 y 2021, "se encontraban personas en prisión preventiva, sin sentencia, cuya detención se realizó por delitos menores; además figuraban personas que debieron haber sido excarceladas", pero no salieron debido a la corrupción.
Una madre, por ejemplo, no tuvo 50 dólares que le pedían para hacer cumplir la excarcelación de su hijo que debió salir antes de la masacre de septiembre pasado en la Penitenciaría del Litoral.
LAS PROPUESTA DE LA COMISIÓN
La Comisión dice que el punto de partida para un proceso de pacificación debe ser restituir la dignidad de las personas privadas de libertad y de sus condiciones cotidianas de vida a través de las siguientes acciones:
1. Implementación de un sistema de organización de los pabellones de acuerdo con la tipificación de las infracciones y su pasado judicial. Esto permitiría que las personas estén en los centros según la infracción cometida.
2. Implementación de un registro administrativo interinstitucional que permita que las personas privadas de libertad y sus familias tengan acceso a información clara y oportuna.
3. Generación de perfiles adecuados para las personas que asuman la dirección de los centros de privación de libertad, a fin de contar con profesionales que garanticen los derechos mínimos de toda la población penitenciaria, independientemente del tipo de delito o de si pertenecen o no a los denominados Grupos de Delincuencia Organizada.
Esto permitiría construir una institucionalidad penitenciaria que posicione la presencia del gobierno en los centros, pues como ya se ha dicho en varias ocasiones, la adhesión a grupos delictivos en algunas ocasiones responde a la conculcación de derechos mínimos al interior de los centros.
4. Profesionalización y generación de un plan de carrera de los servidores penitenciarios. Las personas encargadas de la seguridad de los centros deben contar con una formación en derechos.
Al mismo tiempo, la generación de una carrera penitenciaria permitiría la dignificación de los sueldos y salarios a fin de romper con la dinámica de economías ilegales que operan en los centros y que, en gran medida, sustituyen a la indolencia de un Estado que no garantiza el acceso a alimentos adecuados, medicinas, insumos de aseo, entre otros elementos necesarios para una vida digna.