Jueza niega acción de protección contra Moreno
Recurso buscaba investigación sobre Ina Investment y su supuesto vínculo con mandatario.
La jueza Jesús Raquel Herrera negó la tarde del lunes 1 de abril de 2019 la acción de protección contra el presidente Lenín Moreno y otros 151 funcionarios del Estado, que buscaba que se ordene una investigación sobre la compañía y su supuesta vinculación con el primer mandatario.
La acción fue presentada por el activista Felipe Ogaz y el abogado Richard González.
En la diligencia, en la Unidad Judicial Norte de Quito, la jueza desestimó pruebas de los demandantes como el video de la conversación entre la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y la ministra del Interior, María Paula Romo, sobre el pedido en el Pleno para investigar a la off shore y a Moreno. Según la magistrada, no podía comprobar que esa prueba era legítima.
Según la acción planteada por Ogaz, se trata de la “falta de política pública para la lucha anticorrupción”. A su criterio, hay una “política de impunidad”.
A la diligencia llegaron asambleístas correístas, quienes respaldaron la demanda y argumentaron que no se ha investigado temas como Ina Papers en la Asamblea.
“Se está planteando que a través de la Asamblea se ha obstaculizado de manera discrecional la posibilidad de ejercer una fiscalización con respecto al tema”, manifestó Juan Lloret, legislador correísta.
A criterio del procurador del Legislativo, Santiago Salazar, “no queda claro qué derecho fundamental ha sido violentado, eso ha impedido una defensa técnica porque no hay una claridad del pedido”.
Los demandantes Ogaz y González tienen previsto apelar la decisión de la jueza.
El 7 de marzo de 2019, el Pleno de la Asamblea se presentó una moción que proponía indagar a la off shore INA Investment y a Moreno, pero no se concretó: hubo solo 46 votos a favor de los 89 asambleístas asistentes.
Entre tanto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional decidió el lunes 1 de abril de 2019 solicitar la comparecencia de los periodistas que publicaron la investigación en la que se vincula al presidente Lenín Moreno con supuestas empresas en paraísos fiscales. También piden la comparecencia de funcionarios vinculados con el caso.
Así lo resolvió durante la tarde en la sesión convocada para analizar la publicación del portal digital La Fuente titulado “El Laberinto Offshore del Círculo Presidencial”, que habla de su posible vinculación con la off shore Ina Investment que estaría relacionada con sus familiares cercanos.
La sesión arrancó pasadas las 15H30 del lunes y cerca de una hora después, los integrantes de la mesa legislativa la suspendieron temporalmente para definir los procedimientos para el análisis de la investigación.
Durante la cita, el legislador correísta Ronny Aleaga indicó que los portales con la información sufrieron ataques informáticos, pero que él pudo descargar la documentación del tema para presentar su denuncia en la Fiscalía.
La titular de la mesa legislativa, María José Carrión, dijo que al buscar en La Fuente la información del 19 de febrero de 2019, como precisa la resolución del Pleno de la Asamblea, solo hallaron un pequeño resumen que se refiere a una publicación del 4 de marzo. “Mal haría en abrir un debate sobre el contenido de una fecha que no corresponde con la fecha a la cual se tiene toda la información en completo”.
El 26 de marzo de 2019, con 74 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso que sea la Comisión de Fiscalización la que investigue las denuncias que vincularían al presidente de la República, Lenín Moreno, con paraísos fiscales.
El Pleno del Legislativo aprobó que la Comisión de Fiscalización realice un análisis de la publicación del 19 de febrero de 2019. La resolución del Legislativo pide a la Comisión que en 20 días elabore un documento con ese análisis.
El 26 de marzo de 2019, el Legislativo también rechazó la acción de protección de la jueza Jesús Herrera Obando por improcedente y la califica como un “intento de manipulación del sistema judicial, que busca confundir a la ciudadanía y transgredir el respeto a las funciones y atribuciones legítimas de la Función Legislativa”.