Jueces de CNJ y consejero de gobierno, entre aspirantes a fiscal general

No hay inhabilitación del aspirante por afiliación política o por ser funcionario público.

En junio de 2011, luego de formar parte del gabinete del presidente Rafael Correa y de ser su embajador, fue posesionado como fiscal general del Estado tras superar las críticas e impugnaciones que se presentaron en su contra durante el concurso. Su cargo termina en 5 meses y su sucesor bien podría ser otro hombre cercano al primer mandatario.

Se inscribió como postulante su actual consejero de gobierno, Carlos Baca Mancheno, quien además formó parte de la comisión que investigó el 30-S por delegación del presidente Correa.

Fernando Gándara, presidente de la comisión que lleva a cabo el actual concurso, informa que incluso si Baca estuviera afiliado a Alianza PAIS, eso no le impide su participación.

“Los temas estos que ya podrían rayar más dentro del campo de los afectos y desafectos no tienen por qué limitar a un participante. La filiación o desafiliación no es el punto; el ser miembro de los cuerpos directivos de los partidos de los que deciden en los partidos, ese es el punto que le preocupa al reglamento”, explicó.

En total 23 personas se inscribieron como aspirantes a fiscal general: 3 mujeres y 20 hombres. La mayoría por la provincia de Pichincha.

Entre las caras conocidas también están tres magistrados de la Corte Nacional de Justicia que actualmente están en funciones: Gladys Terán, jueza penal que ha actuado en el caso Cofiec y le negó la prescripción del proceso al expresidente Abdalá Bucaram; Miguel Jurado, quien dictó sentencias en casos del 30-s y ratificó la pena contra los veedores de los contratos de Fabricio Correa; y, el juez Merck Benavides, quien también resolvió casos del 30-S. 

“Los funcionarios, por el hecho de ser funcionarios, no tienen un impedimento. Ahora, eso sí, para el ejercicio de la función deberán renunciar”, indicó.

Otra aspirante es la actual fiscal provincial de Pichincha, Thania Moreno, quien lideró la acusación por delincuencia organizada en la red que vendía pases en la Policía Nacional