Judicatura pide aclarar resolución sobre Corte Nacional
CJ solicitó aclaración a titular del Cpccs transitorio un día después de decisión.
El presidente del , Marcelo Merlo, pidió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio aclarar el alcance de la decisión de no continuar con la evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprobó este miércoles 19 de septiembre una resolución que impide al Consejo de la Judicatura evaluar a la Función Judicial, y particularmente a los magistrados de la Corte Nacional, por el carácter transitorio de los miembros del organismo.
El CJ recuerda en una nota colgada en su web este lunes 24 de septiembre de 2018 que la Constitución determina que “serán funciones del Consejo de la Judicatura, además de las que determine la ley, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y sanción”.
Según el portal de la Judicatura, el pedido lo hizo Merlo el 20 de septiembre de 2018.
El presidente del Consejo de la Judicatura indicó el miércoles 19 de septiembre de 2018 que el . Hasta el 19 de septiembre de 2018, el Consejo de la Judicatura tiene 287 sumarios disciplinarios pendientes de resolución.
Un informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura expresa, según el CJ, “la preocupación de que los expedientes disciplinarios abiertos contra servidores judiciales prescriban, provocando así un grave perjuicio a los ciudadanos que impulsaron esos procesos en las direcciones provinciales del CJ”.
El cumplimiento de la resolución del Cpccs transitorio “implicaría que deben suspenderse nuevamente los concursos y procesos de selección de servidores de la Función Judicial, lo cual puede ocasionar que miles de postulantes, al verse perjudicados, inicien acciones legales contra el Estado”.
El 26 de julio de 2018, el CJ resolvió continuar con los concursos públicos de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social tanto para agentes fiscales, como para funcionarios administrativos.