Juan Manuel Fuertes: No hubo represión generalizada en las marchas del 8M

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) criticó el uso excesivo de la fuerza policial contra las marchas de colectivos feministas del pasado 8 de marzo en Ecuador, cuando conmemoraban el Día Internacional de la Mujer. Para el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Fuertes, lo que hubo fueron incidentes aislados y la manifestación fue pacífica en su contexto general.

¿Cuál es la opinión del Gobierno sobre el pronunciamiento de HRW?

Me parece que, de entrada, no hay una ubicación objetiva de los hechos que sucedieron durante las marchas del 8 de marzo. Se trata de incidentes aislados que se los ha proyectado como si hubieran sido la característica general. En Quito fueron más de 3 000 personas que recorrieron algunas calles y excepcionalmente en algún punto del recorrido se generaron incidentes como consecuencia de la intencionalidad que parcialmente se concretó de sobrepasar la barrera de la Policía Nacional. Se buscaba evitar cualquier riesgo en el sector de la Plaza Grande, porque la marcha tenía que dirigirse hacia Santo Domingo, pero unas pocas manifestantes optaron por sobrepasar las vallas de protección e intentar ingresar.

¿Cómo actuaron los efectivos?

Entonces en esas circunstancias, como corresponde, la Policía evitó que eso se produzca y es ahí cuando se provocaron los incidentes, pero reitero esa no ha sido la característica común de las marchas. Por el contrario, en todo momento, se mantuvo el respeto por parte de los manifestantes y la protección desarmada del personal policial. El operativo contó con la participación de un 80% de mujeres (uniformadas) ubicadas a lo largo de la vía sin portar ningún tipo de dispositivo para contrarrestar absolutamente nada.

¿En ese punto se produjeron altercados?

Por eso. Un grupo de manifestantes tuvo absoluta facilidad para hacer a un lado las vallas en la calle Mejía e ingresar con antorchas encendidas procurando pasar a la Plaza Grande.

¿Cómo analiza que HRW exhortó al Gobierno a que se elabore en Ecuador una ley que regule el uso legal y proporcionado de la fuerza?

Creo que es la consecuencia de este sobredimensionamiento que se ha difundido respecto a estos incidentes particulares. Claro, a través de las redes sociales en los términos que se ha difundido el tema, daría la impresión de que se hado una represión institucional y eso está alejado de la verdad. Insisto, además eso es totalmente factible de comprobar porque hubo dispositivos de video colocados en la vía pública que captaron los hechos.

Con base en testimonios y denuncias, la entidad señala que hubo golpes con toletes y uso de gases...

Eso es investigado y hay que analizarlo en el contexto de cómo se produjeron los incidentes. No es que la Policía tuvo caballos o algún tipo de mecanismo de actuación en primera fila. Si uno observa las imágenes, usted encuentra mujeres policías desarmadas en la zona de la manifestación y dentro de los protocolos, los cuales están normados en el caso de que se produzcan incidentes.

¿Considera que hubo exageración?

Me parece que hay una exacerbación indebida de los ánimos sin dimensionar adecuadamente cuál fue la magnitud de los hechos y eso conduce que se proyecte la idea de que hubo una represión generalizada y preconcebida, pero no hubo nada de eso.

La activista Valeska Chiriboga, en Guayaquil, dijo que más de 40 personas presentaron síntomas de vómito, hinchazón, picazón

Cuando se producen incidentes que determinan la intervención de la Policía Nacional y para evitar que prosperen ese tipo de problemas es necesario que utilicen el gas lacrimógeno. Es obvio que por la naturaleza química del elemento, este se dispersa y termina afectando a quienes se encuentren en un área determinada hasta donde hace efecto el gas. Esto es inevitable, pero no es que ha existido desde el Gobierno una disposición para que se actúe de esa forma, son incidentes aislados, insisto, que deben ser analizados.

¿Han preparado una contestación para Human Rights Watch?

Por supuesto. Entiendo que dentro del proceso las instancias estatales tienen que dialogar a efectos que esto sea totalmente esclarecido y si se ha producido un exceso en la intervención de algún elemento de la fuerza pública. Eso tiene que ser indagado y, de encontrarse la responsabilidad, tiene que aplicarse las sanciones porque eso disponen los protocolos y la normativa.

La directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, sugiere que se debería asegurar una rendición de cuentas por los abusos policiales durante las marchas ¿es posible?

Sí, eso hay que investigar. Si tanto hablamos de un estado constitucional del respeto a las garantías, también se debe permitir a quienes estuvieron involucrados en un posible exceso a que ejerzan su derecho a la defensa. Lo sensato es investigar y como consecuencia de esa indagación esclarecer los hechos y desprender responsabilidades si las hubieran.

Se habla de antecedentes como los de octubre del 2019 en cuanto a la represión policial ¿Es comparable hacerlo con lo que pasó el 8M?

No, en esto hay que ser objetivos. En general, de parte de los manifestantes hubo una actitud pacífica el pasado 8 de marzo, excepto estos incidentes en los que participaron un número reducido de quienes eran parte de la marcha.