Javier Pincay toma su lugar en la Alcaldía de Portoviejo, pese a una orden judicial que suspende su posesión
El alcalde electo de Portoviejo, Javier Pincay, firmó su primera resolución desde el despacho del Municipio de la ciudad, en la provincia de Manabí, a pesar de que un juez de Guayas emitió una orden para suspender su posesión este domingo, 14 de mayo.
A través de las redes sociales, Javer Pincay se dejó ver en la oficina de la Alcaldía de Portoviejo y ha invitado a la ciudadanía a mirar la sesión inaugural que se llevará a cabo a las 16:00.
Un día antes de su posesión, un juez de la provincia de Yaguachi ordenó la suspensión de su toma de posesión como alcalde de Portoviejo.
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La decisión se tomó a favor del excandidato a la alcaldía José Miguel Mendoza, quien quedó en segundo lugar en las elecciones seccionales del 5 de febrero.
Pero Pincay no tomó en cuenta lo dictado por el juez y este domingo se instaló en la Alcaldía.
“En Portoviejo defenderemos la democracia. Defenderemos la voluntad ciudadana que decidió por un proyecto que es de todos los portovejenses”, dijo Pincay.
“Ya estamos despachando desde la Alcaldía que le pertenece a todos los portovejenses”, posteó en redes junto a una foto desde el despacho.
Mendoza presentó una denuncia por una supuesta falta electoral grave contra Pincay, ya que éste no asistió a un debate obligatorio entre candidatos que se realizó el 15 de enero pasado.
El caso ha escalado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), donde Mendoza puso la denuncia contra Pincay.
En una audiencia que ya se realizó el pasado 10 de mayo, la defensa de Pinchay recordó que él sufrió un ataque armado a finales de diciembre, lo que puso en riesgo su vida.
Tras ser sometido a varias cirugías para extraer los proyectiles de su cuerpo, permaneció hospitalizado y luego con reposo tras el alta médica, por lo que, según su defensa, no pudo acudir al debate el 15 de enero. Por eso piden el archivo de la queja ante TCE.
Entre tanto, los abogados de Mendoza sostienen que para la fecha del debate, Pincay ya estaba fuera de peligro y que no haber acudido al debate obligatorio se constituó en una infracción tipificada en el numeral 11 del artículo 279 del Código de la Democracia.
La parte denunciante solicitó como sanción la suspensión de los derechos políticos de Pincay.
Por el momento el proceso en el TCE se encuentra en estado de deliberación de los jueces.