Los indicios que vinculan a los Bucaram en las investigaciones a hospitales del IESS

El expresidente de la República fue detenido tras un allanamiento en su vivienda.

La sospecha contra la familia Bucaram detrás la corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil empezó cuando la Policía Nacional, junto a la Fiscalía, identificaron a Daniel Josué Salcedo Bonilla, quien tiene orden de captura y es acusado de peculado por la adquisición de insumos médicos con sobreprecio en el hospital Los Ceibos, en Guayaquil.

Salcedo es un joven empresario, accionista de diez compañías domiciliadas en el Puerto Principal. Ocho de esas empresas fueron creadas en 2018. Una de ellas es SABUPI S.A., dedicada al negocio de restaurantes y bares.

Según la Superintendencia de Compañías, SABUPI S.A. inició con un capital de 800 dólares y tiene como principal accionista a Michel Abdalá Bucaram Pulley, hijo del expresidente, ahora detenido.

Tras las indagaciones a Salcedo, se conoció de empresas fantasmas que manejarían las contrataciones en los sanatorios. 

Se reveló también que la familia Llerena Candela habría recibido 46 contratos de varios hospitales del IESS por 7,7 millones de dólares, entre 2012 y 2019. 

Una de las integrantes de esa familia es María Gabriela Llerena Candela, quien fue esposa de Jacobo Bucaram Pulley en el 2018. Aquel año, crecieron los contratos a favor de los Llerena.

A estas investigaciones, se sumó lo recabado por la Contraloría General del Estado, cuando señaló que Jorge Henriques Aguilera, quien era jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en 2018, aprobó en un solo día la compra de casi cinco millones de dólares de insumos médicos.

Henriques fue también tesorero del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), era el asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño en el 2011 y en 2014 trabajó como asesor del reemplazo del exlegislador Dalo Bucaram.

Hasta las 19:15, el expresidente Abdalá Bucaram permanecía detenido en Guayaquil y enfrentaba una audiencia de flagrancia.

La madrugada de este miércoles 3 de junio allanaron su vivienda, en la que se encontró un arma y cajas con insumos médicos, entre ellos, cinco mil mascarillas y dos mil pruebas rápidas para detectar el COVID-19.

, expresó la tarde de este miércoles la fiscal general Diana Salazar, sobre este caso investigado como presunto peculado.