IESS: ¿Es la jubilación un desafío para los ecuatorianos?
El sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se enfrenta a desafíos críticos en cuanto a sostenibilidad y cobertura, especialmente para la creciente población de adultos mayores en el país. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) requiere una reforma estructural urgente para garantizar su continuidad y equidad a largo plazo.
A pesar de los avances en la implementación del sistema de pensiones en Ecuador, solo el 27,26 % de los adultos mayores de 65 años tienen acceso a una pensión contributiva del IESS, sin contar el Seguro Social Campesino. Esta cifra refleja una realidad preocupante, apenas uno de cada cuatro adultos mayores recibe una pensión contributiva.
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La pensión es un mecanismo fundamental para asegurar que las personas mayores puedan subsistir cuando ya no pueden trabajar, y su evolución es un pilar del bienestar social en muchos países, donde las pensiones, mayoritariamente provistas por sistemas de seguridad social, constituyen el principal sustento de los jubilados.
En Ecuador, a diciembre de 2022, la pensión promedio de vejez fue de USD 654 46, lo que representa una tasa de reemplazo, la proporción de la pensión respecto al salario del 88,57 %, una de las más altas a nivel mundial. Sin embargo, esta cifra esconde una realidad compleja, ya que aproximadamente el 70 % de estas pensiones están subsidiadas, lo que beneficia de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos.
Por ejemplo, una pensión de USD 717,19 incluye un subsidio estatal de USD 502 000, lo que revela las desigualdades estructurales dentro del sistema.
Según Margarita Velín-Fárez, docente investigadora de la Business School de la UIDE, el sistema de pensiones ecuatoriano es de reparto, financiado por las contribuciones de la población económicamente activa afiliada al IESS. En 2022, se requerían 7,35 trabajadores activos para cada pensionista.
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Sin embargo, con el envejecimiento de la población y los cambios en el mercado laboral, se proyecta que para 2050 habrá solo dos personas activas por cada jubilado. Esta tendencia podría llevar a una presión insostenible sobre las finanzas del sistema, forzando una reducción de las pensiones o un aumento significativo en las contribuciones de los trabajadores activos, lo que podría impactar en otros programas sociales y económicos.
Mientras tanto, cuatro de cada cinco adultos mayores sin pensión contributiva reciben algún tipo de ayuda del Estado, como la del Seguro Social Campesino o los bonos sociales. Pero otros adultos mayores no reciben ningún tipo de apoyo.
El sistema de pensiones ecuatoriano enfrenta varios desafíos estructurales, que incluyen la alta informalidad laboral, que limita la cobertura del IESS, y un sistema fiscal que no está diseñado para sostener el modelo de bienestar actual. Es esencial promover reformas que fortalezcan tanto la cobertura como la sostenibilidad del sistema, y que se asegure una mejor calidad de vida para los adultos mayores en el país.
La información y el debate público sobre estos temas son clave para generar conciencia y promover las reformas necesarias. Es urgente que se implementen políticas que reduzcan las desigualdades, amplíen la cobertura del sistema de pensiones y, sobre todo, garanticen un futuro más seguro para los jubilados del Ecuador.
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