Gobierno rechaza comunicado de expertos DD.HH. sobre Ley de Comunicación
Miembros de la ONU y CIDH pidieron adecuar la norma a los estándares internacionales.
El Gobierno de Ecuador rechazó el escrito de expertos en derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que alertaron a Ecuador sobre los efectos que puede tener, en el disfrute de las libertades fundamentales, la (LOC) del país.
La Cancillería rechazó el comunicado conjunto de relatorías de libertad de expresión de la CIDH y ONU y aseveró que el Gobierno está "profundamente comprometido con los Derechos Humanos y el respeto del derecho a la comunicación".
El Gobierno "lamenta que a pesar de haber proporcionado siempre a estas Relatorías toda la información sobre el respeto del derecho a la comunicación existente en nuestro país, se insista en manipular los procedimientos de derechos humanos con fines políticos", dijo la Cancillería en un comunicado.
"Acciones como estas, únicamente, contribuyen a aumentar el descrédito de estas instancias y afectan la real protección de los Derechos Humanos", añadió.
Recordó que cada año, desde el 2013, el Gobierno presenta una respuesta completa a la relatoría en mención de la CIDH, "en la que reitera su posición sobre la carencia de legitimidad de esta Relatoría y demuestra que la información que presenta está plagada de imprecisiones, sesgos y argumentos faltantes a la verdad".
Asimismo, "se demuestra" que la información con la que esa relatoría elabora sus informes "proviene de Fundamedios, organización abiertamente de oposición al Gobierno Nacional, que comparte importantes fuentes privadas de financiamiento con la Relatoría, lo que le resta toda objetividad e imparcialidad a sus informes", indicó.
Añadió que la relatoría se nutre de información proveniente de "los directivos de la asociación de dueños de los medios de comunicación respondiendo a una agenda política y sectorial clara".
El Gobierno rechazó todas las aseveraciones contenidas en el boletín de prensa sobre la LOC y su aplicación.
Dicha Ley -apuntó- busca de manera expresa garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión, la democratización y diversificación de la propiedad de los medios de comunicación para una distribución equitativa entre público (33 %), privado (33 %) y comunitario (34 %), la prohibición de la censura previa y la responsabilidad ulterior.
Además, el derecho a la rectificación, y a la réplica, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la profesionalización de los comunicadores, la integración del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, y de la Superintendencia de Información y Comunicación.
Desde Ginebra se informó que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Édison Lanza, instaron al Gobierno de Ecuador a adecuar la norma a los estándares internacionales.
Los expertos advirtieron que, desde la entrada en vigor en 2013 de la LOC, se ha observado que "su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del Gobierno".
"Resulta preocupante que ciertas obligaciones contempladas en la ley carecen de contenido jurídico preciso, y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas por su incumplimiento, inhiben gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador", recalcaron.
Los relatores han constatado la constante aplicación de amonestaciones y sanciones a los medios de comunicación "con base en figuras jurídicamente vagas y ambiguas por parte de la Superintendencia de Comunicaciones", indicaron.
Este organismo, a su entender, no tiene la suficiente independencia del poder Ejecutivo, lo cual "tiene un efecto paralizante e inhibitorio en el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación en Ecuador".
A los relatores les preocupa de manera especial la aplicación de disposiciones de la ley que pretenden proteger el honor y reputación de los funcionarios públicos, así como la referida al derecho de rectificación y respuesta.