El FMI considera que desembolso a Ecuador en diciembre fue improcedente
Esto debido a "deficiencias no intencionales en la compilación de estadísticas fiscales".
A fines del año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó 498 millones de dólares como parte del acuerdo financiero que mantiene con Ecuador.
El #FMI considera que fue “improcedente” el desembolso que otorgó a #Ecuador por USD 498 millones en diciembre de 2019. pic.twitter.com/jJyVs3Icl6— Ecuavisa (@ecuavisa) May 6, 2020
Ese monto demoró en llegar por varias razones, entre ellas, que algunas cifras de las finanzas públicas no eran las correctas.
Ahora, cuatro meses despúes, el organismo multilateral lo confirma en un comunicado en el que señala: "Se revelaron importantes deficiencias no intencionales en la compilación de estadísticas fiscales que contribuyeron a estimaciones incorrectas del déficit fiscal durante años, a partir de 2012".
"Lo que resultó en un desembolso improcedente y un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo VIII, sección 5 del acuerdo constitutivo del FMI", agrega el escrito.
"Un error que no hubo la cautela suficiente por parte del Banco Central en darse cuenta, el Ministerio de Finanzas tampoco pudo darse cuenta de este problema y por eso se realizó el desembolso, pero en base a datos que no eran reales", explicó Mauricio Pozo, exministro de Finanzas.
El gobierno reconoce el error. El Ministerio de Finanzas y el Banco Central explican que ya se corrige y actualiza esta información. Con este ajuste, se percataron que el déficit en años pasados fue mayor en las instituciones del sector público no financiero como el BIESS, Petroecuador y gobiernos autónomos descentralizados.
Por ejemplo, en 2018 el déficit de estas entidades fue de 1.301 millones de dólares, pero en realidad pudo ser de 3.369 millones. Mientras, en 2019 el déficit de 1.349 millones, con la correción pasaría a 3.008 millones.
Las cifras del sector público siguen siendo corregidas con la asesoría del fondo monetario. El objetivo es establecer herramientas que ayuden a mejorar la auditoría de las finanzas del Estado.