Fin de iniciativa Yasuní desata polémica en calles y redes
Dura polémica en las redes sociales, mientras decenas de ecologistas reclamaron una consulta popular
El anuncio del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de poner fin a la iniciativa ambientalista Yasuní-ITT, desató una dura polémica en las redes sociales, mientras decenas de ecologistas reclamaron una consulta popular en las afueras del Palacio de Gobierno.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Humberto Cholango, en su cuenta de Twitter aseguró que el Gobierno y la secretaria a cargo del proyecto, Ivonne Baki, "han fracasado con la iniciativa Yasuní".
El líder de la Conaie, la organización social más importante del país, añadió que "ahora toca a todos ecuatorianos defender Yasuní y a los pueblos (indígenas) en aislamiento" que habitan en ese sector de la selva amazónica.
La Conaie, que tras el anuncio decidió mantener una reunión de sus dirigentes, ya planteó la posibilidad de convocar a una consulta popular para que la población decida si pone fin a la emblemática iniciativa del país.
Justamente esa fue la consigna principal de la manifestación de activistas ambientalistas que se dio esta noche en las afueras del Palacio de Gobierno en Quito, mientras Correa anunciaba su decisión.
"No toquen el Yasuní", decían varias pancartas de los activistas que junto a ellos tenían a grupos de simpatizantes del Gobierno que, resignados, defendían la decisión del mandatario.
La Policía separó a los bandos ante posibles roces que no llegaron a ocurrir, aunque algunos de los ambientalistas anticiparon nuevas manifestaciones para los próximos días.
Correa, que dijo estar dolido por tomar tal decisión, achacó a la comunidad internacional el fracaso de la iniciativa.
"Lamentablemente, tenemos que decir que el mundo nos ha fallado", porque sólo se han recogido 13,3 millones de dólares de aportes", lo que representa "apenas el 0,37 % de lo esperado", dijo el mandatario.
Ecuador había solicitado 3.600 millones de dólares en 12 años para dejar bajo tierra los 920 millones de barriles de crudo que se calcula se podrían extraer de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), situados en el parque nacional Yasuní.
Ese monto era la mitad de lo que se calculaba hace seis años, cuando fue lanzada la iniciativa, obtendría el país si se explotaba el recurso.
Ahora, Correa estima que los ingresos podrían ascender a más de 18.000 millones de dólares, por lo que reiteró en que debió tomar esa decisión, pensando en que el dinero será usado para acabar con la pobreza y dirigir el desarrollo del país.
El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, en twitter, reconoció que a los integrantes del Gobierno "entristece el fracaso de la iniciativa" y aseguró que "habría sido magnífico que ambos objetivos se cumplieran", el de mantener intacto al Yasuní y obtener una compensación por ello.
"Ecuador y su pueblo cumplieron su palabra e impulsaron iniciativa; fue el mundo que nos falló al no aportar para su éxito", añadió en su cuenta Patiño y remarcó: "No destruiremos el Yasuní, sólo se afectará 1 por mil de su territorio. Lo que haremos es extraer el petróleo del subsuelo".
El ministro del Interior, José Serrano, también tuiteó: "durísima decisión de nuestro Presidente, pero necesaria, no más ciudadanos muriendo por dengue, desnutrición, a seguir en la lucha".
De su lado, el extitular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Fander Falconí, no dudó en asegurar en su cuenta de Twitter que el "Yasuní es vida", pero que el "Buen vivir" que pregona el Gobierno "requiere recursos: quitar subsidios a los ricos".
Además, para Falconí, que es también integrante del movimiento oficialista Alianza País, de Correa, ese Buen vivir supone "Seres humanos en armonía con la naturaleza", por lo que la decisión final podría requerir una "consulta al soberano".
Otra ex ministra, Katiushka King, recordó que la decisión de explotar el crudo del Yasuní requiere, previamente, que se autorice en la Asamblea Nacional y se preguntó si el órgano parlamentario será "corresponsable de la explotación" en es zona considerada de alta concentración de biodiversidad.
"¿No seria mejor llamar a consulta popular?", se preguntó King, criterio que en la red social fue compartido por muchos tuiteros.
El presidente Correa, en su mensaje, pidió a la población que confiara en su decisión y alertó de posibles reacciones de grupos ecologistas radicales, aunque reconoció que esta ha sido una de las decisiones más difíciles de tomar durante su Gobierno, que empezó en enero de 2007.