Estado reconoce culpa por la violación y suicidio de Paola Guzmán
En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el Estado reconoció este miércoles 9 de diciembre en un acto público su responsabilidad por la violación y el acoso de la menor Paola Guzmán Albarracín en un colegio, sucesos que condujeron a su suicidio.
En el evento, desarrollado en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno manifestó en nombre del Estado sus disculpas por lo ocurrido y el reconocimiento de la responsabilidad de una "institucionalidad del país que no funcionó".
"Estamos para recordar con pesar algo que nunca debió suceder, pero sucedió hace 18 años, y también para reparar, como es responsabilidad del Estado, en algo, el profundo dolor causado por un sistema ineficiente", afirmó el mandatario al coincidir con la familia de la menor en que "nada repara la pérdida de un hijo".
El caso de Paola Guzmán Albarracín, la adolescente que se quitó la vida a los 16 años en 2002, tras ser violada en repetidas ocasiones por un docente de su colegio, se tornó en emblemático este año cuando la Corte IDH condenó el pasado 14 de agosto al Estado ecuatoriano por los hechos y exigió reparaciones a su familia.
"Paola fue abusada por un adulto que se aprovechó de su poder y la embarazó, sucedió en el colegio donde estudiaba, en ese lugar donde ella debía sentirse más que segura, más que protegida. Ella, (una) adolescente asustada e impotente se suicidó", rememoró el jefe del Estado ecuatoriano.
Moreno lamentó que los culpables de los hechos tanto por acción como por omisión, "nunca fueron sancionados", y "hoy los vemos como candidatos a asambleístas".
Culpó entonces al sistema educativo, de salud y judicial como responsables de lo ocurrido a la menor: "La institucionalidad del país no funcionó y eso no debe dejar de avergonzarnos como sociedad. Todos fallaron cuando una niña pedía ayuda".
El presidente ecuatoriano rubricó un decreto para declarar el 14 de agosto, cuando se dictó la sentencia en la corte interamericana, Día Oficial de Lucha Contra La Violencia Sexual en las Aulas.
Con ello se obliga en esa jornada a las entidades públicas y privadas, especialmente las educativas, a la promoción de actividades que hagan valer los derechos a una vida libre de violencia sexual en la infancia y adolescencia, además de una cultura de "cero tolerancia" al fenómeno.
"Reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos de Paola, de Petita (madre) y de Denisse (hermana), y es a nombre del Estado ecuatoriano que les pido el día de hoy acepten nuestras disculpas por ese inmenso dolor que sufrieron", afirmó Moreno antes de pedir en varias ocasiones "mil disculpas".
En la ceremonia, la ministra de Educación, Montserrat Creamer, hizo entrega a la madre de Paola de un título póstumo de bachiller, en reconocimiento al vulnerado derecho de la menor a la educación.
"Hoy por fin he limpiado el nombre de mi hija y se la reconoce como lo que es, una víctima", afirmó la progenitora de Paola, que mañana cumpliría 34 años, presente en una fotografía y un ramo de flores blancas.
"Recibo la disculpa del Estado ecuatoriano en nombre mío y de mi hija -abundó-, aunque nada ni nadie podrá devolverme a mi Paola", prosiguió la madre al aceptar también el título educativo, "porque era uno de sus sueños, estudiar y graduarse. Se reconoce todo lo que ella vivió y el sistema le negó".
Albarracín consideró las disculpas un "primer paso", y pidió al Estado que no se olviden de casos similares como el de "otra Petita que está buscando justicia en nombre de su hija".
El fallo sobre el caso de Paola Guzmán, sin precedentes en la Corte interamericana, determinó que la agresión ejercida contra la menor afectó su derecho a una vida libre de violencia, le provocó graves sufrimientos y "tuvo relación con su decisión de quitarse la vida".
Paola fue acosada y abusada sexualmente desde que tenía 14 años por el vicerrector del colegio, Bolívar Espín Zurita, un hombre de 64 años que prometió ayudarle con sus estudios y mejorar sus calificaciones a cambio de relaciones sexuales.
Tras cumplir los 16 y ser víctima de repetida violencia sexual por parte del vicerrector, la adolescente quedó embarazada.
El agresor intentó entonces que su víctima se practicara un aborto con la asistencia del médico del plantel, quien ofreció a la menor realizarle el procedimiento a cambio de relaciones sexuales.
Esas agresiones le provocaron una depresión que terminó en un suicidio mediante la ingesta de fósforo blanco poco antes de arribar al colegio el 12 de diciembre de 2002.
La adolescente llegó en situación crítica a la enfermería del centro, que no le ofreció la atención médica requerida y donde falleció.
El proceso penal que buscó esclarecer los hechos se suspendió tras la fuga del vicerrector y el 18 de septiembre de 2008 la Justicia ecuatoriana declaró prescrita la acción penal, razón por la cual su familia recurrió a la CorteIDH.