Estado de excepción derogado: Lasso se anticipó a la Asamblea y puso a correr más tiempo para que le revisen el nuevo decreto
La tarde de este lunes, 20 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional se reunió para tratar el decreto de estado de excepción emitido por el presidente Guillermo Lasso y que rige en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura, donde se han dado los mayores incidentes de la protesta convocada por el sector indígena. Para darle de baja, se necesitan 70 votos.
Sin embargo, en una especie de jugada política, Lasso derogó el decreto 455 que se aprestaba a tratar la Asamblea y emitió uno nuevo. En ese amplía el estado de excepción a seis provincias.
La Asamblea no podría debatir sobre un documento que ya no existe, consideró el abogado Henry Cucalón, exparlamentario por el Partido Social Cristiano, quien explicó qué sigue ahora en el procedimiento legislativo.
"El presidente tiene 48 horas para notificar el nuevo decreto a la Asamblea y a partir de allí se deben volver a reunir al menos 70 firmas para volver a hacer el trámite de conocer el documento e igual número de votos para derogarlo".
UNA JUGADA POLÍTICA
En la Asamblea, la derogación del decreto tomó por sorpresa a los legisladores que querían tumbarlo primero.
Salvador Quishpe, de Pachakutik, dijo que debe esperar que llegue a la Asamblea la información del nuevo decreto y convocar a una nueva sesión.
"Vamos a pedir que, en el tiempo que nos permite la Ley, se convoque al Pleno de la Asamblea para proceder con la derogación del nuevo decreto de estado de excepción", dijo Quishpe, aunque reconoció que no sabe lo que dice el nuevo documento.
Lasso deroga el decreto de estado de excepción y emite otro que abarca a más provincias
Desde el oficialismo, Ana Belén Cordero (CREO) señaló que la oposición está en todo su derecho de revisar el nuevo decreto, pero deben seguir todos los procedimientos legales.
"La Presidencia de la República tiene hasta 48 horas para notificar a la Asamblea y el presidente de la misma tiene otras 48 horas para convocar a una nueva sesión", recordó Cordero.
Así el Gobierno ganaría al menos cuatro días, con estado de excepción vigente, una estrategía que -no lo ocultó Cordero- podrían seguir usándola el tiempo que haga falta. "Así como es potestad de la Asamblea convocarse para el tema, es potestad del Presidente de la República emitir un nuevo decreto".
¿QUÉ PASA SI LA ASAMBLEA DEROGA EL DECRETO?
Cucalón primero pone en contexto que la Asamblea ejerce un control político sobre el estado de excepción, así como la Corte Constitucional hace un análisis de carácter jurisdiccional; es decir, se pronuncia sobre la legalidad del mismo.
Entendido ese punto, dice Cucalón, al hacer la Asamblea una valoración política, esta "puede ser subjetiva", no es como en el caso de los magistrados de la Corte Constitucional, que se basan en términos jurídicos claramente establecidos.
"En el caso de que los legisladores no ponderen la paz social, la seguridad ciudadana, el normal desenvolvimiento de las actividades del país, y quieran hacer cálculos políticos, con la mayoría absoluta de los miembros (70 votos) sí podrían tumbar, derogar o dejar sin efecto el estado de excepción, pero eso perjudica a la gente, no al Presidente, como algunos piensan", dice Cucalón.
La Asamblea también podría modificar solo una parte del decreto, confirma Cucalón, y eso es parte del control político. ¿Pero cuál? Él no ve algo que lo justifique porque incluso, recuerda, en el decreto no está aquella parte que se refería a restringir la libertad de información, que según Lasso correspondía a un borrador y no está en vigencia.
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"La Asamblea, como contrapeso del poder, también debería presentar alternativas y para eso viene la negociación, que es válida en democracia, sin perjuicio de que -lo que se haga- sea para controlar gente que notoriamente es violenta y a todas luces no siguen parámetros democráticos, sino que quieren sembrar el caos", sostiene Cucalón.
LA SEGURIDAD DEL PAÍS, EN SUS MANOS
La jurista Irene Valencia dice que, en caso de que la Asamblea se baje el nuevo decreto de estado de excepción, el presidente inmediatamente podría promulgar otro, porque su función como jefe de Estado no cambia con ese hecho, "pero tendría que hacerlo invocando otros motivos", ya no el riesgo a la seguridad nacional.
Valencia recuerda que en el artículo 164 de la Constitución se establece cuándo y por qué otros motivos el Presidente puede decretar estado de excepción, además del riesgo a la seguridad nacional que ya no podría invocar. "Pero quedaría atado de manos".
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En la práctica, si los asambleístas se bajan el decreto, para Lasso la situación "sería como caminar en un piso en falso al tener votos en contra para tumbarle lo que ponga".
Todo va a depender de las decisiones que tomen los legisladores, "deben quitarse las banderas políticas y recordar que la seguridad del país está en sus manos, esto no es una decisión de ideologías, esto le pasaría factura a todo el país".
"HUELE A GOLPE", DICE CUCALÓN
Por su experiencia, Henry Cucalón hace una lectura política del hecho de que un mayoría en la Asamblea haya solicitado reunirse con el fin de derogar el estado de excepción con el que Lasso pretende contrarrestar la violencia en las manifestaciones.
En dos periodos en los que él fue legislador (ocho años), Cucalón no recuerda una sola vez que el Parlamento haya pensado y peor intentado bajarse un decreto de estado de excepción. Lo que sí hubo fue la intervención de la Corte Constitucional para limitar decretos del expresidente Lenín Moreno o el del propio Lasso en materia de la crisis carcelaria, cuando se especificó que los militares no pueden estar dentro de las prisiones, sino afuera, dando seguridad.
"Si ya derogan el estado de excepción, con esa realidad política, ¿qué sentido tendría emitir otro estado de excepción?", se pregunta Cucalón. "Un nuevo decreto tendría el mismo fin porque existiría una clara mayoría que contrapone el interés general a unos cálculos primarios, partidistas, de carácter inconfesable".
Asimismo, Cucalón espera que cuando los asambleístas definan de qué lado están, cada uno exponga de forma motivada las razones por las cuales creen que no es el momento oportuno o no es adecuado tener un estado de excepción.
"Llamar la atención al Gobierno es legítimo, porque la Asamblea es un contrapeso del poder, pero negarse por negarse, cuidado estén tratando de facilitar cualquier teoría al margen de la Ley y que huela a golpe".