Cortes de energía en Ecuador: las empresas eléctricas receptan miles de denuncias al año por daños de artefactos
Los cortes repentinos de energía por diversas causas, por ejemplo tormentas eléctricas o fuertes lluvias, provocan en algunos casos daños en los artefactos eléctricos.
Solo a la Empresa Eléctrica Quito, que tiene más de cuatro millones de usuarios en cuatro provincias, entre esas Pichincha y Cotopaxi, llegan unas 90 solicitudes de reclamos mensualmente por esta causa.
Mientras que la Corporación Nacional, CNEL E.P., que provee de energía a 10 provincias, llegan 40 solicitudes mensuales por daños en artefactos electrónicos debido a desconexiones no anunciadas.
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La empresa cuenta con un seguro por daños para que los usuarios recuperen sus artefactos, ya sea en su totalidad o para que sean reparados, así lo indica Mauricio Mendoza, jefe de Atención al Cliente de la EEQ.
"Máximo tienen el plazo de 30 días laborables a partir de la ocurrencia del daño para presentar el reclamo en la Empresa, y el único requisito que nosotros pedimos es que estén al día en los pagos, que no es solo un requisito nuestro sino que eso dice la regulación".
Y aunque existen rutas y protocolos para resarcir los daños a los usuarios, la empresa reconoce que no son inmediatos.
"Lo que ocurre aquí es que también existe responsabilidad de los clientes, a nosotros nos dejan un formulario con su identificación, revisamos que esté al día en los pagos y le tramitamos, va a la parte técnica y ellos identifican el daño y determinan si es imputable o no a la empresa de acuerdo a las condiciones que les comentaba, en ese momento nosotros le notificamos al cliente, y le indicamos si su reclamo fue procedente y ahora si debe presentarnos la justificación del daño, lo pueden hacer hasta 60 días".
Y eso es justamente lo que preocupa a la Defensoría del Pueblo. Explican que muchas veces la demora en los tiempos de resolución de los casos, que dependen de las políticas de cada empresa, hacen que los afectados no finalicen el trámite.
Así lo explica Rodrigo Varela, coordinador de Derechos Humanos y Naturaleza.
"Como no hay una regulación específica, las empresas tienen que someterse a los tiempos que establece el Código Orgánico Administrativo, es por eso que hay empresas que han decidido que sea alrededor de los 15 días que está establecido en la normativa, ese debería ser el tiempo máximo".
Creen que más allá de incumplimientos, son los procesos engorrosos de algunas empresas de servicios que hacen que un buen porcentaje de usuarios piensen que se vulneran sus derechos.