El Gobierno no tiene registro de cuántos huérfanos hay en el país por causa del crimen organizado
Las balas de los sicarios abren una herida emocional con la que conviven menores de edad que han presenciado el asesinato de sus padres.
Están creciendo con un doble dolor: el de la violencia que arrebató a su familia y el abandono por parte del Estado, que no repara sus derechos.
Esa observación hace Billy Navarrete, miembro del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos.
"En este grupo de atención prioritaria, que también son víctimas, no hay nada, no hay cifras ni atención psicoemocional, ¡nada! Y eso también es una violación a sus derechos humanos", dice Navarrete.
La última víctima fue Nahomi, de 14 años, que este lunes recibió un impacto de bala en su pierna cuando sicarios acribillaron a su papá en el Guasmo, en el sur de Guayaquil.
Ella se suma a las cifras que no registra el Gobierno; quedó sin atención especial de algún organismo estatal que la acompañe para superar el trastorno psicológico.
Ahora solo le queda el dolor que comparte con su familia por haber perdido a su padre.
¿Cuántos huérfanos por el crimen organizado hay en el país?
Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), responde: no distinguimos eso.
El MIES sólo contabiliza la orfandad de manera general. En todo el país hay 28 menores en esa condición que son atendidos por el Estado en casas de acogida.
Desde la Defensoría del Pueblo sugieren trasladar las atenciones psicológicas, de salud y educación a los barrios conflictivos, así lo detalla la directora de protección de niños, niñas y adolescentes de esa entidad, Lorena Chávez.
El Gobierno invierte 17 millones de dólares en las casas de acogida para proteger a más de 2 mil menores víctimas de diferentes causas que violan sus derechos, mientras en las calles hay más niños y adolescentes sumergidos en la violencia criminal sin que nadie los rescate.