Defensoría denuncia esclavitud moderna en el país
Organismo revela “graves vulneraciones” de los derechos de trabajadores afrodescendientes.
La reveló este lunes 18 de febrero de 2019 lo que calificó como un “grave caso de esclavitud moderna” a trabajadores y familias que laboran en plantaciones de abacá a cargo de empresa de capital japonés.
El documento da cuenta de “graves vulneraciones de derechos humanos a familias”, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas de abacá en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.
“En la visita de 20 de noviembre se constató que en las haciendas de #Furukawa existe trabajo infantil, adultos mayores que aún trabajan y personas con discapacidad por mutilaciones provocadas por el trabajo”. #GinaBenavides, Defensora del Pueblo pic.twitter.com/Tvut5Zx4Y0— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) 18 de febrero de 2019
La Defensoría constató que decenas de familias viven y trabajan en “condiciones indignas e inhumanas” en campamentos instalados dentro de las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador.
“Los campamentos en que viven son precarios, viejos y lúgubres, no tienen luz eléctrica, agua potable ni saneamiento ambiental de ningún tipo. Hombres, mujeres, niños y niñas y adultos mayores viven en cubículos pequeños con poca ventilación e iluminación”, indica el portal de la Defensoría.
“Su vida cotidiana se restringe a extraer la fibra de abacá que es entregada en su totalidad a la empresa Furukawa, y los que no trabajan, mujeres mayoritariamente, realizan tareas de cuidado de todos los habitantes de los campamentos”.
La empresa no ha firmado contratos laborales con ninguno de ellos, tampoco los ha afiliado al IESS e incumple todas las normas de prevención de riesgos, accidentes laborales y salud ocupacional, menciona.
Para encubrir la relación laboral, según la institución, opera con dos figuras que resultan ilegales en Ecuador: 1) contrata por vía civil a arrendatarios (intermediarios), quienes también viven y trabajan dentro de las haciendas en las mismas condiciones precarias que el resto; y, 2) les compra toneladas de fibra de abacá a cambio de dinero que el intermediario reparte entre los trabajadores.
“Públicamente niega que sean sus trabajadores. A esto se suma que muchos de estos trabajadores abacaleros registran graves accidentes laborales, en especial cortes y mutilaciones”, indican.
Muchos niños no asisten a la escuela por la lejanía y falta de recursos, y empiezan a trabajar para extraer fibra desde los 9 o 10 años. “Al vivir dentro de la propiedad privada de Furukawa, el acceso a servicios de salud es precario y casi inexistente, las puertas de ingreso a las haciendas las controla la empresa y, debido a la lejanía, las familias no pueden trasladar a los enfermos con facilidad”, agrega el organismo. El agua que usan es de pozo o de esteros contaminados.
Estos hechos, recalca la institución, configuran una forma de servidumbre que constituye esclavitud moderna, práctica prohibida por Tratados Internacionales, la Constitución del Ecuador, el Código de Trabajo y el Mandato Constituyente 8.
La Defensoría instó a la Secretaría Nacional de Gestión de la Política a coordinar acciones inmediatas con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Trabajo, “con el objeto de poner fin a este grave caso de esclavitud”.
Piden que se repare a estas familias con la adjudicación de tierras y el reconocimiento de sus derechos laborales vulnerados.
Según la web de la Defensoría, el 16 de octubre de 2018 una delegación de unos 40 trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones CA del Ecuador, que habían sido despedidos, se acercó a la Defensoría del Pueblo en Quito a denunciar la “constante vulneración de sus derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa”.
Durante 56 años de actividades, Furukawa Plantaciones CA del Ecuador “ha vulnerado de forma sistemática los derechos de las personas, quienes, al vivir y trabajar en las tierras de esta empresa y las dificultades para cambiar de condición, enfrentan una forma de servidumbre según estándares internacionales”. Según la Defensoría, a esta conclusión se llegó por los testimonios de los afectados durante las visitas realizadas a las instalaciones de la empresa.
Las autoridades realizaron varias visitas. La Delegación Provincial de los Ríos de la Defensoría del Pueblo acompañó en octubre de 2018 a una inspección del Ministerio del Trabajo a 7 campamentos de la empresa. Posteriormente, la Dirección Nacional de Buen Vivir inició en noviembre de 2018 la investigación defensorial calificada como “confidencial” para preservar la integridad de los afectados.
Luego el Ministerio del Trabajo resolvió realizar una nueva visita a 11 campamentos en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el 20 de noviembre de 2018, y solicitó el acompañamiento a varias instituciones. La Defensoría del Pueblo realizó una segunda verificación en esa fecha, y una tercera el 26 de enero de 2019.
La empresa Furukawa, desde su fundación en 1963, se dedica a la exportación de fibra de abacá.