Defensa de Vinicio Alvarado solicitará hábeas corpus
El gobierno no tiene rastros de Alvarado.
La defensa de Vinicio Alvarado, mencionado en el caso 'Arroz Verde', solicitará un hábeas corpus a la Corte Nacional de Justicia Según la investigación de la Fiscalía General del Estado, en los correos de Pamela Martínez salta la figura de una excoordinadora general de la presidencia, alguien muy cercana a Alvarado, incluso fue su reemplazo temporal en la Secretaría de la Administración Pública.
Los documentos dan cuenta de que ella era identificada con las siglas MAE.
En varios de los correos, en los que 'MAE' consta como destinataria, se le informa de depósitos a empresas vinculadas a Alvarado. También de miles de dólares que deben facturarse a nombre de una firma que luego recibió contratos con el Gobierno para la ejecución de obras, como escuelas del milenio, entre otras.
El abogado de Alvarado, César García, dijo que hasta ahora la Fiscalía no tiene nada concreto en contra de su defendido. Mencionó que no tiene detalles del paradero del exministro y hombre de confianza de Rafael Correa. Sin embargo, eso no lo vuelve un prófugo.
El secretario Anticorrupción, Iván Granda, sostuvo que el gobierno tampoco tiene rastros de Alvarado, pero eso no detiene las investigaciones en su contra.
Durante pasadas audiencias la Fiscalía mencionó que en el cuaderno en el que Pamela Martínez registró todos estos cobros y desembolsos consta el nombre de Vinicio Alvarado.
El pasado sábado 1 de junio, la jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia "ordenó la prisión preventiva en contra de Alexis Mera", exsecretario jurídico de la presidencia, y el "uso del dispositivo de vigilancia electrónica" para María de los Ángeles Duarte, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Duarte, quien fue ministra de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Correa, también tiene prohibido salir del país y debe presentarse periódicamente ante la justicia.
Ambos exfuncionarios fueron detenidos la víspera en la ciudad de Guayaquil (suroeste) y son "procesados por el presunto delito de concusión", que se castiga con hasta cinco años de cárcel, agregó el ente acusador.