Corte de Pichincha rechaza apelación de Jorge Glas al habeas corpus anulado en Santa Elena
La Corte Provincial de Pichincha rechazó este viernes, 19 de agosto, el recurso de apelación presentado por Jorge Glas a la decisión de la Corte de Santa Elena que anuló meses atrás el habeas corpus concedido en la parroquia Manglaralto y que le permitió estar 40 días fuera de la cárcel.
En la resolución se indica que el habeas corpus no es un mecanismo para revisar las penas que cumple por delitos graves. Los jueces consideran que la salud de Glas si está siendo atendida y que incluso al haberlo trasladado desde Latacunga a la cárcel 4 de Quito se aseguró su integridad.
Esta decisión se toma dos días despues de que dos jueces de Quito inadmitiesen otros dos pedidos de habeas corpus de Glas, contra el sistema penitenciario y su director, Pablo Ramírez, por no haber ejecutado la boleta de excarcelación concedida por un juez de Portoviejo, decisión que fue impugnada por las autoridades del Estado.
En uno de los casos, la jueza Soledad Manosalvas dijo que “no es objeto de esta acción verificar o ejecutar el cumplimiento de una sentencia”, en relación al habeas corpus concedido por Banny Molina, quien ya no podía actuar como juez porque contra él se había iniciado un proceso judicial.
Durante la audiencia, la defensa de Glas solicitó que el exvicepresidente pueda cumplir el resto de sus condenas fuera de prisión.
También pidió al Tribunal que le permita movilidad nacional y no le ponga grillete electrónico porque va a trabajar como profesor en universidades.
Tras casi cuatro horas de alegatos, el Tribunal suspendió la diligencia y anunció su resolución este viernes.
Glas, que fue vicepresidente durante parte del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y ha sido condenado en firme en dos casos de corrupción:
Uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político, denominado 'Caso Sobornos' (con 8 años).
También ha sido condenado a 6 años por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el 'Caso Singue', que todavía está en fase de apelación.