Correa asegura que indígenas acusados de masacre deben responder ante la ley

AMAZONÍA
01 dic 2013 , 09:48
Redacción

Correa reprochó a la Fiscalía por haber demorado varios meses en el rescate de niña secuestrada.

Rafael Correa aseguró ayer que los indígenas de la etnia Waorani que han están procesados por una presunta masacre de otro clan nativo de la Amazonía, los Taromenane, deberán responder ante la ley.

 

Correa también respaldó una acción llevada a cabo por la Fiscalía para rescatar a una niña taromenane raptada por los waorani como trofeo, tras la supuesta masacre ocurrida en abril pasado, aunque de momento no se ha confirmado la existencia de cadáveres.

 

El martes pasado, autoridades judiciales, apoyados por policías y un helicóptero, rescataron en el poblado selvático waorani de Yarentaro a la niña taromenane y a otra menor, que habían sido capturadas por guerreros waorani, tras la supuesta masacre.

 

El mandatario, en su habitual informe de los sábados, presentó fotografías editadas que, según dijo, confirman la responsabilidad de los indígenas waorani en la masacre y en el rapto de la menor taromenane.

 

No obstante, reprochó a la Fiscalía por haber demorado varios meses en llevar a cabo el rescate de la niña.

 

El clan taromenane es un pueblo que vive en aislamiento voluntario en la selva amazónica, mientras que los waorani sí están integrados en el resto de la sociedad.

 

"Estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Fiscalía. Esa niña taromenane no podía estar en manos de los asesinos de su familia. Los que asesinaron tienen que responder ante la ley", afirmó el jefe del Estado, tras remarcar que nadie en su país puede estar por encima de las leyes.

 

Además, recordó que la Constitución obliga al Estado a proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.

 

El pasado miércoles, el juez segundo de Garantías Penales de la provincia amazónica de Orellana, Álvaro Guerrero, ordenó la prisión preventiva, con fines de investigación, de 15 indígenas waorani relacionados con la supuesta masacre.

 

Además, Guerrero dispuso el inicio de una instrucción fiscal que durará 90 días.

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