Consejo de la Judicatura presenta alegato de defensa al pleno del Transitorio
Este 31 de mayo de 2018, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, así como los vocales
principales Néstor Arbito, Karina Peralta, Alejandro Subía y Rosa Elena Jiménez, presentan sus alegatos de defensa
dentro del proceso de evaluación a la entidad de poder judicial que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social Transitorio (CPCCST).
El pleno del Transitorio convocó a las 10:00 la audiencia pública en la que de forma oral presentarán sus alegatos de
defensa.
Los consejeros del CPCCST tendrán cinco días más, luego de la audiencia pública, para decidir si los funcionarios son
cesados.
En días pasados, Jalkh se refirió a la evaluación del CPCCST e indicó que entregó la documentación de descargo
respecto del informe preliminar realizado por el organismo evaluador.
Según el presidente de la Judicatura, la información también incluye respuestas a las 114 denuncias que se
presentaron contra el CJ, de las cuales solo dos tienen firma de responsabilidad. “Son una colección de infamias sin
sustento”, dijo.
El Consejo de la Judicatura es una de las primeras entidades en ser evaluadas por el Consejo Transitorio que preside
Julio César Trujillo. Mientras dure el proceso de evaluación, los concursos de méritos y oposición para llenar
alrededor de 7.500 vacantes en la Judicatura y la Fiscalía estarán suspendidos.
Error inexcusable e independencia judicial
Los miembros de la Judicatura también enfrentan un trámite de juicio político en su contra, por un supuesto
incumplimiento de funciones. El 30 de mayo de 2018, Jalkh junto a los vocales comparecieron a la Comisión de
Fiscalización de la Asamblea Nacional para presentar las pruebas de descargo en el proceso.
Se refireron también a los cuestionamientos formulados en torno a la aplicación del error inexcusable como presunta
medida de presión a los jueces.
Según Jalkh, “el Consejo de la Judicatura, al ser el órgano de gobierno, administración y disciplina de la Función
Judicial, de acuerdo a lo que determina la Constitución, tiene la plena facultad para sancionar a los
administradores y operadores de justicia que incumplen sus funciones o responsabilidades”.
Con el propósito de demostrar que el CJ actúa de acuerdo con la ley, el funcionario explicó las
resoluciones adoptadas en 18 procesos disciplinarios que terminaron con sanción a operadores de justicia
“que con sus decisiones afectaron los derechos de los ciudadanos”.
Acerca de las acusaciones de presunta influencia política del gobierno de Rafael Correa en la Función
Judicial y de la existencia de correos electrónicos que probarían aquello, el Presidente del CJ indicó
que la manera en que se obtuvieron los mails “violó todas las normas y por ello no tienen valor legal
probatorio”.
Además, dijo que de todos los correos difundidos, solo uno se refiere a una comunicación que mantuvo con
el exmandatario sobre reformas a la Ley de Garantías Constitucionales y no sobre algún juicio o causa en
específico.