Colombianos se refugian en Ecuador ante una paz inconclusa

Julián Torres dejó Colombia amenazado por ser defensor del medio ambiente, Julio por trabajar en proyectos encaminados a consolidar la paz y Lucía para salvar a su hijo de ser reclutado por grupos armados ilegales. Los tres huyeron de lo que creían que sería una inminente muerte y aún fuera de su país, el miedo no los abandona.

A cinco años de la firma de la paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las amenazas de grupos armados ilegales son una constante entre muchos colombianos, algunos de los cuales deciden huir con lo puesto para salvar la vida.

Las amenazas y persecuciones empezaron en octubre de 2020, cuenta Julio, cuyo nombre fue cambiado para proteger su integridad. Aunque se mudó varias veces de ciudad y denunció a las autoridades para protegerse dentro de Colombia, no logró escapar del asedio ni averiguar la identidad de los responsables. “Hubo intentos de asesinato, en un par de ocasiones intentaron atropellarme”, dijo a The Associated Press. Meses después, sin dinero, huyó a Ecuador por vía aérea con un tiquete donado.

Aún cuando fue contactado en una ciudad de Ecuador, Julio no quiso sacarse la mascarilla y a menudo recordaba que no se lo debía identificar por su nombre ni con algún elemento que de pistas de sus paradero porque aún experimentaba la pesadilla del asedio constante, que en su país fue a través del teléfono, de correos y personalmente.

Durante 2021 se ha incrementado el número de colombianos víctimas de la violencia de su país que huyen hacia Ecuador buscando protección internacional. Provienen de territorios históricamente afectados por la violencia en Colombia y donde ésta persiste luego de cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ecuador es el país de Sudamérica en el que más colombianos solicitan refugio y el tercero a nivel global superado por España y Estados Unidos. Entre 2018 y 2021 hubo más de 13.200 solicitudes en el país, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las FARC se consideró la guerrilla más antigua de Latinoamérica después de cinco décadas de insurgencia. Sin embargo, la entrega de sus armas no significó el fin de la violencia en el país. Persisten otros grupos armados que se disputan el control de las zonas que antes dominaba esa guerrilla y las rutas de narcotráfico. Entre ellos las bandas criminales como Los Pelusos, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Julio, quien trabajaba en zonas de conflicto armado con indígenas, excombatientes y campesinos al suroeste de Colombia, aseguró que durante los primeros años de la puesta en marcha del acuerdo de paz sintieron “tranquilidad” debido a que las FARC ya no atentaban contra ellos. Sin embargo, con el paso del tiempo la violencia volvió: “Ahora es triste la situación porque todo el tiempo hay hostigamientos a la policía, al ejército, la gente está en incertidumbre otra vez”.

La Misión de Verificación de la ONU ha advertido “persistencia de la violencia” que ha generado desplazamientos y confinamientos masivos al suroeste de país, según un informe publicado en septiembre.

“Es evidente que no hay una paz completa en Colombia, que el conflicto continúa y que la gente sigue viniendo a Ecuador”, dijo a la AP Isabel Virginia Altuve, gerente de área Ecuador del Consejo Noruego para Refugiados. Detalló que mientras en 2018 atendieron 5.500 colombianos, la cifra ascendió en 2020 a 10.000 y calcula que en 2021 superarán las 12.000 personas. “Algunas están huyendo de lo que pasó el día anterior o hace solo 10 días”, agregó.

Ambos países comparten una frontera común de más de 640 kilómetros. Pasar de una nación a otra en muchos casos significa simplemente cruzar un río o una quebrada, por lo que quienes huyen desde Colombia no tiene mayor dificultad para llegar a Ecuador.

Para presentar una solicitud de refugio, cualquier extranjero debe acudir a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y cumplir requisitos simples: presentar un documento de identidad y, si no lo tiene, explicar la razón y exponer el motivo del pedido, con lo cual obtiene un primer permiso de estadía hasta de 90 días prorrogables, luego pasar una entrevista y esperar la decisión final de Ecuador.

Los colombianos, el mayor grupo de refugiados en suelo ecuatoriano, constituyen un 97% del total de 70.500 extranjeros bajo esa condición. Suelen llegar a las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, fronterizas con ese país, y Pichincha, cuya capital es Quito. Es frecuente que se dedique principalmente a actividades profesionales, comerciales y agrícolas.

En los últimos dos años el Consejo Noruego de Refugiados ha identificado un creciente número de defensores de derechos humanos colombianos buscando refugio en Ecuador. Colombia es el país más peligroso del mundo para personas defensoras de la tierra y el medio ambiente: en 2020 fueron registradas 65 víctimas, según el informe de Global Witness.

Para evitar engrosar la lista de muertos, Julián Torres, de 37 años, dejó su casa en Colombia y viajó hacia Ecuador tras recibir amenazas directas contra su vida y la de su familia, sin tener certeza de dónde provenían. Empezó a sentirse en la mira después de fundar junto a su esposa un centro académico ambiental al oeste de Colombia dedicado a investigar los impactos ambientales que se estaban dando en el territorio.

Torres tomó un autobús y atravesó por tierra la frontera con Ecuador atemorizado. “Cuando uno sale por amenazas uno deja de confiar en todo el mundo, solo confías en tu familia. Los que eran tus amigos o conocidos se vuelven como desconocidos”, contó a la AP. Ahora en Ecuador se siente más tranquilo y protegido, por lo que aceptó que su nombre real fuera publicado. “En este punto el miedo se va alejando, parte de hacer las cosas es mostrar con la cara y el nombre de que uno estuvo liderando algo en beneficio de muchas personas”, explicó.

La presión de los armados también llegó a Lucía, que como Julio pidió modificar su nombre por motivos de seguridad. Según relató a la AP, a su hijo de 17 años le ofrecieron armas y dinero con tal de atraerlo a la ilegalidad. “Fueron los de las FARC”, aseguró.

Durante el 2020 fueron reclutados más de 80 niños entre los 8 y 18 años, la mayoría (63%) por disidencias de las FARC, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

En su lugar de residencia en Ecuador, Lucía ha tenido que cambiarse de casa porque un día cuando salió a comprar alimentos vio “a la esposa de uno de los malos” y sin pensarlo dos veces se fue al otro lado de la ciudad, donde sale a la calle solo para lo estrictamente necesario. No ha tenido amenazas, pero se siente amenazada porque en Colombia, pese a que viajó a otra ciudad, volvió a ser localizada por sus agresores.

Aunque en 2016 más de 13.100 integrantes de las FARC entregaron sus armas y actualmente más de 9.800 de ellos continúan respondiendo ante el tribunal de paz, una parte no se acogió o abandonó el proceso de paz y continúa delinquiendo. Estos grupos disidentes tienen en sus filas excombatientes y han reclutado civiles forzosamente, sumarían más de 5.300 personas según un informe publicado en octubre por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

“Para la paz de Colombia se requiere, por supuesto, implementar este acuerdo... y derrotar en nuestro país este negocio infame del narcotráfico, porque es el causante de tantas violencias... el que sigue produciendo la muerte de líderes”, aseguró la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez el lunes en el foro gubernamental en ocasión del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz.

El gobierno colombiano ha identificado que los asesinatos ocurren sobre todo en territorios donde hay narcotráfico, extracción ilícita de minerales y la presencia de actores armados ilegales.

Colombia todavía tiene 10 años para implementar cabalmente el acuerdo de paz. Pese a los retos, el gobierno del presidente Iván Duque ha avanzado en los procesos de reincorporación y continúa contando con el apoyo de la comunidad internacional.

El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame resaltó que aún con las dificultades que impuso la pandemia del COVID-19, se registró un “avance positivo” en la implementación general del acuerdo de paz al subir dos puntos porcentuales, pasando del 26% en noviembre de 2019 al 28% en noviembre de 2020, según su último informe publicado en mayo de este año.