Claves del litigio de 25 años entre Ecuador y Chevron
La Corte Constitucional ratificó un fallo de última instancia contra Chevron.
La Corte Constitucional de Ecuador cerró en su país un pleito judicial de 25 años que ha enfrentado a pobladores amazónicos y a la petrolera estadounidense Chevron, condenada por daños ambientales.
En 1993, indígenas y pobladores amazónicos demandaron en un tribunal de Nueva York a Texaco, que operó en el país entre 1964 y 1990, y que fue adquirida por Chevron en 2001. La corte obligó a la empresa a someterse a la justicia ecuatoriana.
Los demandantes alegaron que el derrame de desechos tóxicos contaminaron suelo y fuentes de agua, afectando a unas 30.000 personas.
En 2003 empezó el juicio en la amazónica provincia de Sucumbíos (este). El caso se convirtió en el primer proceso en la historia que llevó a una petrolera de Estados Unidos a responder en la jurisdicción de otra nación.
Chevron fue sentenciada en primera instancia en febrero de 2011 a pagar 9.500 millones de dólares. Esa fue considerada la condena más alta en un juicio ambiental contra una petrolera.
Tras apelaciones, el caso llegó hasta la suprema Corte Nacional de Justicia, que confirmó en 2013 el fallo.
Chevron rehúsa pagar la millonaria multa alegando que la sentencia fue obtenida mediante fraude y sobornos, opinión que fue respaldada por un juez federal de Estados Unidos.
Chevron asegura que cumplió con la reparación ambiental que le correspondía y atribuye el daño ambiental a la estatal Petroecuador, con la que Texaco operó en consorcio.
La empresa tilda de fraudulento el proceso en Ecuador, por lo que en 2014 interpuso como último recurso en el país una acción de protección en la Corte Constitucional para tratar de anular la condena.
Tras cuatro años, la Corte decidió "declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales" a Chevron, por lo que la sentencia se mantiene.
La empresa "continuará trabajando a través de cortes internacionales para exponer y responsabilizar a los individuos involucrados en el fraude judicial", señaló James Craig, asesor de comunicación de la petrolera, en un comunicado enviado a la AFP.
A la par del proceso judicial, los demandantes han intentado homologar la sentencia en países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá para obtener el embargo de activos de la petrolera, que no tiene bienes en Ecuador.
Las acciones no han rendido frutos y los ecuatorianos debieron retirar sus pedidos en esas naciones, excepto en Canadá. Pese a que no han tenido éxito, confían en que podrán iniciar procesos en Australia y Nueva Zelanda.
"Si no hay reparación estarían todos los pueblos indígenas sionas, siekopai, cofanes, shuar, kichas y waoranis y los miles de colonos condenados a vivir eternamente en una zona contaminada y eso no es justo", comentó a la AFP Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.