Caso Odebrecht: Fiscalía General allana siete inmuebles en caso de lavado de activos

Durante los operativos realizado en Quito, se detuvo a dos personas.

La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el 11 de enero de 2018, 7 allanamientos en Quito por un caso relacionado con la constructora brasileña .
 

La diligencia se realizó luego de la audiencia de formulación de cargos realizada el 9 de enero, en la cual la jueza Paola Campaña dictó prisión preventiva en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Miriam C., y las personas jurídicas Diacelec S.A y Conacero S.A. 
 

En los allanamientos realizados se encontró documentación relacionada a las empresas procesadas. Además, se detuvo para fines investigativos a la hermana de Miriam C., que aparentemente pretendía huir en un vehículo con documentos relacionados a Diacelec S.A. La FGE le inició una investigación previa en la que ordenará la pericia respectiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, en otro automóvil de propiedad de Miriam C., se detuvo a otro de sus hermanos, ya que en el interior del carro se encontró un arma de fuego con sus respectivas municiones, acción por la que la Fiscalía le formuló cargos, a través de procedimiento directo,  por su presunta participación en el delito de tenencia ilegal de armas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivonne Proaño, fiscal del caso, expuso que a través de estas empresas se habrían pagado sobornos. Indicó que la triangulación del dinero habría empezado en cuentas de la constructora brasileña Odebrecht, que posteriormente lo transfería a las offshores de Édgar A., Columbia Management en Panamá y luego a Diacelec S.A en Ecuador. Esto según el testimonio anticipado del brasileño José Santos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jueza que lleva la causa dictaminó la intervención de las compañías Diacelec S.A. y Conacero S.A., la incautación de sus bienes inmuebles cuyo valor ascendería a $1 millón 400 mil y la retención de las cuentas bancarias de los procesados.
 

Actualmente, Édgar A. cumple arresto domiciliario. Él fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por el delito de asociación ilícita.
 

El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal y contempla una pena privativa de libertad de hasta 13 años. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.