Caso Las Torres: Fiscalía emite dictamen acusatorio contra 13 implicados
En el segundo día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Las Torres, el magistrado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Felipe Córdova, declaró la validez de todo lo actuado dentro de esta investigación y rechazó los pedidos de los abogados de los 13 procesados, quienes habían solicitado que se declare la nulidad de este caso por supuestas irregularidades cometidas hasta esta etapa.
Superada esta fase, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, emitió dictamen acusatorio contra el excontralor Pablo Celi; su hermano, Esteban Celi; el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, y 10 personas más. Los acusó de autores del posible delito de delincuencia organizada.
En sus alegatos de apertura, Salazar dijo que entre 2017 y 2020 se formó una organización de alto nivel entre funcionarios de Contraloría, Petroecuador y Secretaría de la Presidencia de la República.
El propósito de esta organización era agilitar el pago de 20,3 millones de dólares que Petroecuador adeudaba a la empresa Nolimit, a cambio de una coima del 20 % de ese valor.
Otro objetivo de la estructura era el desvanecimiento de seis glosas por 13,6 millones de dólares en contra de la misma empresa.
Agregó que los implicados planificaron actividades delictivas de tráfico de influencias, concusión, cohecho y lavado de activos.
Hasta la noche de este miércoles la fiscal había expuesto seis de los 289 elementos de conviccion en este caso, entre los cuales hay conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados.
La audiencia fue suspendida, pero se reinstalará este jueves a las 10:30.
- La posible red de corrupción -
El caso Las Torres inició en junio de 2019 cuando Raúl de la Torre, sobrino del excontralor y exasesor de Petroecuador, y el empresario Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos por delitos relacionados al lavado de activos.
La información proporcionada por las autoridades norteamericanas permitió iniciar una investigación en Ecuador que, tras varios meses de indagaciones, propició que entre el 12 y 13 de abril de 2021 se ejecuten más de 20 allanamientos simultáneos en Quito, Guayaquil y Samborondón.
En esas diligencias fueron aprehendidas nueve personas, entre ellas Pablo Celi y José Agusto (+), quien fue secretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de Lenín Moreno.
El delito de delincuencia organizada es castigado con siete a diez años de prisión, según el artículo 369 del Código Integral Penal.