Cárceles en Ecuador: bodegas humanas que incrementan violencia e impiden verdadera rehabilitación social
En la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, los presos no pueden salir al patio de sus pabellones para practicar deportes o a los talleres donde aprenden oficios y reciben clases educativas. Debido a la violencia que no se logra aplacar en este centro, y que este martes cobró la vida de 116 privados de libertad y dejó más de 80 heridos.
Los espacios permanecen cerrados desde hace más de siete meses, a pesar de que muchos reos desean tener la posibilidad de ocupar su tiempo en tareas, mientras dure su pena.
No es el único impedimento para acceder a esta rehabilitación que debe proveer el sistema carcelario, ya que la falta de personal es otro problema.
Por ejemplo, en la Penitenciría del Litoral, donde hay casi 9 mil presos, solo 4 personas dictan los talleres educativos, deportivos, culturales y laborales.
En este último, se enseña manualidades, carpintería, barbería, pero hay reos que quieren aprender otras laborales que les sirva para reinsertarse al mercado laboral.
La falta de espacios y personal dificulta la rehabilitación en las cárceles del país. Por ejemplo en el centro carcelario de Babahoyo hay un salón para aprender manualidades, lectura y escritura. En cuanto a los enfermos, la celda donde permanece un paciente con tuberculosis, se ubica al lado de la cocina donde se preparan los alimentos.
Jorge Núñez dirige un centro de investigación que en 2021 levantó un diagnóstico junto al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), sobre el sistema penitenciario. Explica que las políticas de rehabilitación que se manejan desde el 2014, convirtieron a las cárceles en bodegas humanas, incrementando la violencia.
Con el cambio de autoridades, se espera que existan nuevos lineamientos sobre hacia dónde debe apuntar la rehabilitación social en Ecuador.
Mientras tanto, tras la masacre en la Penitenciaría de Guayaquil, el Gobierno declaró estado de excepción en el sistema penitenciario y abrió la posibilidad para que militares y policías ingresen en esos centros, con el objetivo de desmantelar bandas violentas que libran una guerra por el control de las prisiones.
"Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo", señala el documento suscrito por el jefe del Estado, Guillermo Lasso.
"Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales", remarcó Lasso y dijo que con "con absoluta firmeza", el Estado no cejará en su afán de "recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador".
Por ello, aseguró que se adelantará un plan para tratar de solucionar el fenómeno de la violencia en las cárceles del país, que incluirá importantes inversiones en infraestructuras y sistemas tecnológicos de vigilancia y control, que ayuden a las autoridades a evitar los motines y reyertas, que se han sucedido desde hace varios años.
El SNAI que tiene a su cargo el sistema penitenciario del país, recibirá los recursos necesarios para emprender con este plan, de forma prioritaria en la cárcel de Guayaquil, según señaló el jefe del Estado.
Esa declaración la hizo Lasso en una rueda de prensa en la que el dimisionario director del SNAI, Fausto Cobo, quien ocupará otro cargo en el Gobierno, alertó sobre la fuerza de las bandas que operan al interior de las cárceles, donde incluso se usan explosivos y armas de grueso calibre.
"Esta es una amenaza contra el Estado", remarcó Cobo, quien renunció el pasado lunes como director del SNAI y fue sustituido por Bolívar Garzón, quien se venía desempeñando como director de la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, donde también se han registrado crueles enfrentamientos entre reos.
Las bandas que actúan en las cárceles, que tendrían conexión a carteles de la droga, sobre todo de México, según ha dicho Cobo, tiene un "poder igual o superior" al Estado.
Según el decreto ejecutivo suscrito por el presidente Lasso, el estado de excepción dispone la movilización nacional de todos los organismos de la administración publica, especialmente del SNAI, las Fueras Armadas y la Policía, para que se "coordinen esfuerzos con el objetivo de ejecutar las acciones necesarias para restablecer y mantener el orden, prevenir nuevos acontecimientos de violencia social al interior de los centros".
En caso de existir incidentes flagrantes en el interior de las cárceles "la Policía, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, deberá intervenir de modo urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente y en respeto a los derechos humanos", agrega el decreto.
Asimismo, precisa que la participación de las Fuerzas Armadas deberá respetar los criterios de "necesidad, razonabilidad y proporcionalidad".