Cárcel de Turi está bajo control, pero fusiles no aparecen

Luego de la matanza del pasado fin de semana en la cárcel de Turi, en Cuenca, las autoridades continúan ejecutando acciones para fortalecer la seguridad en ese recinto penitenciario, aunque aún no logran recuperar los fusiles que habrían sido usados durante los recientes hechos violentos.

En una rueda de prensa que se llevó a cabo este martes 5 de abril en Cuenca, en la que participaron el gobernador de Azuay, Matías Abad; el coronel Renato Cevallos, jefe zonal de la Policía; y el director de la cárcel de Turi, Pablo Cueva, se anunció que 122 reclusas iban a ser trasladadas por unas horas a una propiedad estatal en Gualaceo que es administrada por Inmobiliar.

Cerca de las 13:00 se confirmó que las mujeres privadas de libertad ya estaban en Gualaceo, donde se está actualizando la información de cada una de ellas. Las reclusas volverán a la cárcel de Turi en las próximas horas.

De su lado, el coronel Cevallos reiteró que el Estado ha retomado el control de la prisión, además indicó que se llevan a cabo requisas minuciosas en los pabellones para tratar de encontrar "posibles fusiles que fueron usados el domingo".

Desde la emergencia suscitada el pasado sábado, alrededor de 1.500 policías, militares y agentes penitenciarios han intervenido en Turi.

Mientras esto se anunciaba en Cuenca, desde Quito también se dieron a conocer otras medidas.

El director del SNAI, Pablo Ramírez, aseguró que se acelerará el procesos de indultos y la incorporación de guías penitenciarios.

- Traslado de cabecillas -

Estas recientes acciones se suman al traslado de cinco reos, considerados como cabecillas de grupos violentos de la cárcel de Turi, a la cárcel La Roca, en Guayaquil.

Según la autoridades ecuatorianas, diecinueve de los veinte presos fallecidos en los sucesos del domingo murieron por hechos violentos y uno "por la ingesta de una bebida, algún producto químico que le ocasionó la muerte".

Este fue el primer hecho violento de gran magnitud este año en el sistema carcelario ecuatoriano, que el año pasado fue declarado en emergencia después de que murieran más de 330 presos en todo 2021 en una serie de masacres entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles.