El ECU 911 asegura que aún no tiene acceso a más de 16 000 cámaras que hay en Guayaquil

Un decreto presidencial obliga a Segura EP a entregar al ECU 911 el acceso de todas las cámaras de videovigilancia instaladas por el Municipio de Guayaquil.
Imagen de archivo del edificio de Segura EP, en el norte de Guayaquil.()
09 nov 2024 , 07:30
Abdón Rodríguez

El ECU 911 asegura que aún no tiene acceso a las más de 34 000 cámaras de videovigilancia que hay en el cantón Guayaquil y que han sido manejadas por la empresa municipal Segura EP. La institución adscrita al Gobierno Nacional señala que hasta el momento solo puede acceder a 17 826 cámaras, por eso insta al organismo municipal a cumplir con un decreto presidencial suscrito el 18 de septiembre pasado.

Ese día, el jefe de Estado, Daniel Noboa, dispuso que el ECU 911 se adhiera a los sistemas de videovigilancia de los municipios. Asimismo, ordenó la interoperatividad entre las instituciones locales y el organismo nacional. Según la Presidencia de la República, el objetivo es articular mejor la respuesta ante las emergencias, especialmente las relacionadas con la seguridad ciudadana.

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La disposición del mandatario extendió aún más la brecha entre la Presidencia de la República y el Municipio de Guayaquil. La relación entre ambas instituciones ya era tensa por razones políticas, económicas y por la investigación penal en contra del alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos por supuesto comercio irregular de combustible. La orden estatal sobre las cámaras de seguridad abrió otro frente en la pugna.

El 26 de septiembre, cuando debía iniciar la transición en el acceso a los sistemas de videovigilancia, comenzó el cruce de acusaciones entre autoridades de ambos organismos. Aquel día hubo un incendio junto al Parque Samanes, en un estacionamiento de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). 64 vehículos resultaron afectados.

La directora general del ECU 911, Ana María Ayala, denunció que en esa jornada se desconectaron unas 16 000 cámaras de Segura EP. Un día después, policías y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) intervinieron el edificio municipal. Luego, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Lyonel Calderón, señaló que se presumía el cometimiento de los delitos de "sabotaje y terrorismo".

De su lado, el presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, aseveró que las cámaras "nunca fueron bloqueadas" y que "algunas estuvieron fuera de servicio por los cortes de energía".

Desde entonces, los señalamientos no han cesado. Los últimos ocurrieron por fallas en los sistemas técnicos y de transmisión de datos del ECU 911 durante el puente festivo por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Mientras Segura EP señaló que esas razones dificultaron la coordinación de emergencias el 31 de octubre y el 4 de noviembre, desde el ECU 911 respondieron que las fallas obedecieron a un desfase de telecomunicaciones con CNT. La última institución aseguró que no hubo falta de atención y que esos días las llamadas fueron desviadas a las filiales del ECU 911 en Babahoyo y Quito.

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Más allá de los señalamientos entre ambas instituciones, la ciudadanía es la afectada por las demoras o falta de atención a sus emergencias. Si bien el ECU 911 Samborondón es ahora la entidad que recepta las llamadas, hay recursos municipales que deben se despachados desde Segura EP, por ejemplo, agentes de la ATM.

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