Banny Molina: juez que falló a favor de Glas y Salcedo no podía emitir sentencias desde el viernes

El fallo judicial del magistrado de Portoviejo, Banny Molina Barrezueta, que favoreció al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, y a Daniel Salcedo, sentenciado por casos de corrupción durante la pandemia, está salpicado de irregularidades, señalan desde varias instancias.

Según relató a Ecuavisa el director del Consejo de la Judicatura en Manabí, Fausto Andrade, Molina perdió su competencia para dictar sentencias desde el mediodía del viernes 5 de agosto, sin embargo el dictamen a favor de Glas y Salcedo se emitió a las 16:46 de ese día.

Molina, quien trabaja en la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias de Portoviejo, perdió su jurisdicción porque pesaba sobre él una suspensión.

Esa suspensión ocurre porque al mediodía del viernes, en la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo, un juez notificó a Molina, de manera oral, que había sido llamado a juicio en el marco de una investigación "por el supuesto delito de prevaricato, por haber ordenado en diciembre de 2018 que una sentenciada por delito de peculado cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio", señaló hoy el Consejo de la Judicatura.

"Cuando un juez se encuentra con auto de llamamiento a juicio se suspende inmediatamente la jurisdicción, es decir ya no puede seguir ejerciendo su calidad de juez", indicó Andrade a Ecuavisa.

Un equipo periodístico de este medio intentó dialogar con el juez Molina, pero hasta las 13:00 de este martes no se lo localizaba.

En su lugar de trabajo se indicó que el magistrado tiene permiso médico desde este lunes 8.

Desde el Consejo de la Judicatura de Manabí también se confirmó que entre 2019 y 2020 el juez Molina también fue suspendido porque enfrentaba un proceso penal por el delito de asociación ilícta.

En un comunicado en su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que abrió una investigación previa por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, en contra del juez Molina tras recibir una denuncia por parte del director del Consejo de la Judicatura.

De su lado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) indicó, en otro comunicado, que no tuvo conocimiento de la audiencia en la que se resolvería el habeas corpus que finalmente terminó favoreciendo a Glas y a Salcedo.

El SNAI acotó que el Ministerio de Salud Pública y la Procuraduría General del Estado tampoco fueron notificados.

Este martes, en los exteriores de la Cárcel 4, donde también están recluidos Glas y Salcedo, decenas de simpatizantes del exvicepresidente se concentraron pidiendo la liberación del exsegundo mandatario.

Ante esta nueva decisión judicial, el presidente Guillermo Lasso, anticipó en un comunicado que "las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico".

Lasso denunció que algunos jueces tratan de llevar a Ecuador a la "anarquía judicial" y consideró que "el país necesita recuperar la seguridad jurídica como pilar de la convivencia democrática".

En su escrito, el mandatario ecuatoriano señaló que la decisión del juez Molina fue emitida el viernes 5 de agosto a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo, pero "la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo, sin que ellos hayan presentado la acción".

"Todo esto apareció, repentinamente, en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) hoy (este lunes)", precisó Lasso, quien además advirtió que ni la Procuraduría, ni el servicio penitenciario fueron convocados "y por tanto no pudieron participar en la audiencia, lo cual añade otra irregularidad".

Asimismo, el presidente recordó que Glas ya había solicitado otro hábeas corpus que se encuentra en fase de apelación después de haber sido negado en primera instancia en la Corte Provincial de Pichincha, la jurisdicción correspondiente.