Asociación de Generales pide amnistías para policías con juicios por protestas de octubre 2019

Miembros de la Asociación de Generales de la Policía en servicio pasivo llegaron a la Asamblea para presentar un pedido de amnistías para beneficiar a más de 200 uniformados, quienes enfrentan juicios a causa de su actuación durante las revueltas de octubre del 2019.

“En equidad de condiciones queremos que se nos de el mismo tratamiento, justamente por las 260 y picó de amnistías que se dio a las personas que estaban en las mismas condiciones pero nosotros en defensa de nuestro pueblo”, así lo indicó Alfonso Camacho, presidente Generales en Servicio Pasivo.

Es que el pasado 10 de marzo la Asamblea aprobó un paquete de 268 amnistías a personas civiles procesadas en 57 casos judiciales, entre las que se encontraban decenas de los acusados por los desmanes que se produjeron en la revuelta de octubre de ese año.

“Hemos pedido una amnistía en forma general para todo el personal policial tanto los que están en servicio activo como los que estamos en servicio pasivo”, argumentó Camacho.

Los Generales buscan también que la amnistía se extienda a policías que aún no están acusados pero sobre los que sí existen investigaciones en marcha.

El pedido también se presentó en respuesta a la reacción del gobierno en relación a las amnistías aprobadas en marzo por la Asamblea.

El Consejero Presidencial, Diego Ordóñez, indicó: "si la pacificación fuese el intento, entonces por que excluír a las fuerzas del orden de esa amnistía; vamos a profundizar el análisis para que militares y policías quienes tienen el total respaldo del Gobierno Nacional, también se beneficien de una acción de esta naturaleza".

Será el Consejo de Administración Legislativo, CAL, el que analice el pedido y de cumplir con los requisitos iniciales los envíe a trámite a la Comisión de Garantías Constitucionales.

Las protestas entre el tres y el 14 de octubre del 2019 dejaron un saldo de ocho muertos y un total de 821 millones de dólares en pérdidas para el país. De ese valor, 120 millones son daños a infraesructura pública y privada, incluyendo el incendio provocado al edificio de la Contraloría.