Asambleístas presentan juicio político a Romo
Lourdes Cuesta y Roberto Gómez entregaron la solicitud con 42 firmas de respaldo.
Los La mañana de este 8 de agosto de 2019, , con 42 firmas de respaldo.
Entre las causas que argumentan los legisladores contra la funcionaria del Ejecutivo, constan la inseguridad ciudadana y la grave crisis carcelaria.
Ambos parlamentarios también la señalan por el mal uso de bienes públicos, en referencia a la utilización de una aeronave policial para desplazarse, junto con el secretario Anticorrupción, Iván Granda, durante el feriado de Carnaval, para fines personales.
Como todo requerimiento similar, el trámite debe pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), instancia que calificará o no la solicitud. De ser aprobada, será remitida a la comisión de Fiscalización para continuar con su procesamiento.
Así lo reveló esta tarde el líder de esta organización, Guillermo Lasso. "Esa es una decisión personal de él (Roberto Gómez) que no comparte el bloque de CREO".
"Con ingobernabilidad no será posible resolver ese problema, personalmente yo no participo de este espíritu, casi piromaniático, de querer repartir juicios políticos como boleta de circo. Creo que es bueno para el Ecuador que exista estabilidad democrática".
Cuesta solicitó el 3 de julio de 2019, a la Contraloría General del Estado, iniciar las acciones de control correspondientes. La ministra involucrada también pidió que se le haga un examen especial para despejar cualquier duda. Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento del organismo de control sobre estos pedidos.
En ese entonces, la funcionaria del Ejecutivo manifestó que remitirá la información solicitada por los parlamentarios. "Algunos asambleístas han solicitado información sobre esto, se les está enviando todos los reglamentos, análisis de riesgo, protocolos de seguridad".
Además, la Policía Nacional difundió un comunicado, mediante el cual reitera que garantizará la seguridad de la ministra de Gobierno con toda la "logística necesaria".
Al momento, Romo no ha reaccionado tras la formalización del pedido de enjuiciamiento en su contra.