Ambiente rechaza actos de violencia en protesta antiminera en Palo Quemado, Cotopaxi

El Frente Nacional Antiminero denunció la presencia de sujetos armados; Maate rechazó actos violentos.
12 mar 2024 , 08:50
Redacción

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), se pronunció sobre la situación en la parroquia de Palo Quemado, en la provincia de Cotopaxi, la noche del lunes 11 de marzo de 2024. La cartera de Estado rechazó los actos de violencia perpetrados en contra de los funcionarios.

El ministerio explicó que los funcionarios estaban llevando a cabo la entrega de convocatorias para el proceso de participación ciudadana en relación con la consulta ambiental sobre el Estudio de Impacto Ambiental para las fases de explotación y beneficio de minerales metálicos en el área operativa de la concesión minera "La Plata".

Horas antes, en redes sociales el Frente Nacional Antiminero en un pronunciamiento en respaldo a las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en Cotopaxi, denunció la presencia de personas armadas "el pueblo no necesita la minería viven con la agricultura (...)".

Asimismo, la CONAIE denunció a través de un tuit que grupos militares agredieron a campesinos de Palo Quemado, responsabilizando a la transnacional canadiense Ático Mining y al presidente Daniel Noboa por la violencia minera.

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Previamente, el Frente Nacional Antiminero había publicado un pronunciamiento en apoyo a las parroquias de Las Pampas y Palo Quemado, en Cotopaxi, denunciando la presencia de personas armadas y enfatizando que "el pueblo no necesita la minería, vive de la agricultura". Además, la CONAIE, a través de un tuit, afirmó que grupos militares agredieron a campesinos de Palo Quemado.

Por su parte, la cartera de Estado informó que se han coordinado acciones de seguridad con las instituciones correspondientes para garantizar el derecho de las comunidades de la zona de influencia directa a ser informadas y consultadas.

Este proceso se lleva a cabo en estricto cumplimiento de lo dictaminado por la Corte Constitucional en la sentencia 51-23-1N/23, que ordena su continuidad mientras la Asamblea Nacional trabaja en el proyecto de ley correspondiente.

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