El aborto y GAFI, principales temas en segundo debate del Código Penal
La despenalización del aborto y la mala práctica profesional son algunos de los puntos polémicos.
Entre apuros los asambleístas de Gobierno siguen realizando ajustes al proyecto de Código Penal cuyo debate inicia hoy en la Asamblea Nacional.
Se prevé que la forma de votación se realice por libros, como lo mocionó el oficialismo. La aprobación de los tres libros, conformados por 743 artículos y 68 disposiciones, concluirá el 15 de octubre.
Esta sesión es dirigida por Rosana Alvarado en reemplazo de Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra en Ginebra.
La despenalización del aborto, la mala práctica profesional y la violencia contra la mujer son algunos de los puntos polémicos a debatir.
La asambleísta de Gobierno Mariangel Muñoz, confirmó que las exigencias del grupo internacional GAFI presionan sobre el armado final del Código Penal: “En ese sentido nosotros en nuestro Código Penal tenemos que cerciorarnos perfectamente y con exactitud para que ese tipo de ideología política incluso, no sea impregnada en nuestro código”.
Muñoz y su coidearia Gina Godoy, explicaron que el GAFI, entidad internacional que califica financieramente a los países, exige dureza contra los delitos de terrorismo y lavado de activos especialmente. Algo que incomoda a Godoy y otros asambleístas de Gobierno.
Mientras el problema de despenalizar el aborto por violación, otro asunto en conflicto, se habría solucionado. No hay apoyo político a ese tipo de despenalización según la asambleísta Linda Machuca: “Lamentablemente no hemos podido concretar el tema de la permisividad de la interrupción del embarazo en caso de violación, eso no ha sido posible concretar en este texto”.
En el nuevo Código Penal habrá sanciones a personas jurídicas, encarcelamiento a quien incurra en diseminar el “pánico económico” y también a quienes no paguen las afiliaciones al Seguro Social.
La figura del “pánico económico”, un aporte invaluable de la jurisprudencia ecuatoriana desde los tiempos del Derecho Romano, contempla que si un periodista, economista, abogado o economista difunda o divulgue noticias falsas “que causen daño a la economía nacional” puede ir preso de 7 a 9 años.