Abogados de Glas dicen que sería un escándalo que no liberen al exvicepresidente
El equipo de abogados que defiende a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa, advirtió este martes que la posición del Gobierno de no acatar una decisión judicial para liberarlo puede tornarse en "un escándalo internacional".
Glas, que cumple en prisión dos condenas firmes por corrupción, recibió un hábeas corpus por parte de un juez de la ciudad de Portoviejo cuya resolución fue conocida el lunes y a la que se opuso el Gobierno, que acto seguido comunicó que no procederá con la liberación, al considerar que la decisión judicial presenta irregularidades.
La abogada Sonia Vera, integrante del equipo de defensa internacional de Glas que coordina Christophe Marchand, advirtió en un comunicado del estudio Ius Cogens que "la negativa por parte del Estado podría ser considerada como tratamiento inhumano y degradante" respecto al estado de salud del exvicepresidente.
Según Vera, el estado de salud de Glas "es extremadamente grave e imposible de tratar en un entorno carcelario" y "la concesión del hábeas corpus es la única vía para garantizar los derechos que por ley le corresponden a todo preso, como es la atención a la salud".
Estas aseveraciones están basadas en un informe médico elaborado el 22 de julio por el doctor Luis Amaya, de la Cárcel 4 de Quito, y citado por los abogados de Glas, donde se afirma que ni el servicio penitenciario (SNAI) ni el Ministerio de Salud Pública pueden garantizar al recluso una adecuada atención de salud.
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Las conclusiones del médico citadas por los abogados hablan de que “no existen insumos como saturador, tensiómetro, termómetro y otoscopio, que son elementales para una atención médica”, y que “hay insumos médicos mal calibrados" y "no hay medicamentos en primer nivel ni en el nivel hospitalario”.
Así, el juez Rubén Molina ordenó la liberación de Glas "por la vulneración de los derechos a la integridad física y a la salud al haberse justificado sus padecimientos de salud y que los mismos no han sido atendidos de forma especializada e integral en el entorno carcelario", de acuerdo al comunicado del equipo legal del exvicepresidente.
GOBIERNO RECURRIRÁ DECISIÓN
La negativa del Gobierno a proceder con la liberación de Glas se basa en que, según el comunicado del Ejecutivo, la decisión fue emitida a favor de un ciudadano llamado Christian Araujo, pero "la hizo extensiva a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo, sin que ellos hayan presentado la acción".
Asimismo, la administración del presidente Guillermo Lasso reparó en que ni la Procuraduría, ni el servicio penitenciario fueron convocados "y por tanto no pudieron participar en la audiencia, lo cual añade otra irregularidad".
También recordó que Glas ya había solicitado otro hábeas corpus que se encuentra en fase de apelación después de haber sido negado en primera instancia en la Corte Provincial de Pichincha, la jurisdicción correspondiente.
Por ello, Lasso anticipó que "las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico".
Para la abogada Sonia Vera, es "inadmisible la intromisión del Estado en decisiones judiciales" pues considera que también las hubo en otro hábeas corpus otorgado a Glas en abril.
40 DÍAS EN LIBERTAD
El primer hábeas corpus fue concedido por un juez del cantón (municipio) de Manglaralto, en la costera provincia de Santa Elena, y le permitió a Glas estar en libertad 40 días hasta que la Corte Provincial de Justicia lo revocó por considerar que no era la jurisdicción para resolver el asunto y por que no había notificado a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.
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Sin embargo, Vera afirmó que hubo "interferencias de autoridades estatales" que además llevaron al magistrado Diego Moscoso a ser destituido por negligencia manifiesta por el Consejo de la Judicatura.
Glas, que fue vicepresidente de Correa y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y ha sido condenado en firme en dos casos de corrupción: uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político (con 8 años).
También ha sido condenado por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el caso "Singue", que todavía está en fase de apelación.
El exvicepresidente siempre ha negado las acusaciones y ha denunciado una persecución política, mientras que su defensa ha argumentado que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido que su caso se tratara de manera excepcional por la "gravedad y urgencia" que corría la salud del imputado.