Jueces de Ecuador califican allanamientos en la Corte Nacional como una afrenta directa a la independencia judicial

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) rechazó los allanamientos liderados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en los despachos de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quienes permitieron el traslado del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, de la cárcel La Roca (Guayaquil) a la Cárcel 4 (Quito).

Según la Aemaj, la intervención en las oficinas de las magistradas Enma Tapia y Katherine Muñoz representa "una afrenta directa a la independencia judicial".

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"Resulta alarmante que, ante una decisión judicial que no es del agrado de ciertos sectores, se pretenda insinuar que los jueces han actuado con favoritismos o en beneficio de intereses particulares", señaló el gremio de jueces en un comunicado.

"Estos actos parecen responder a intereses ajenos y externos a la Función Judicial (...). No podemos permitir que por razones políticas, intereses personales o presiones de terceros se vulneren los principios fundamentales que garantizan un sistema de justicia imparcial y autónomo", agrega el boletín.

Tapia emitió un comunicado este mismo viernes 16 de agosto, horas después de los allanamientos. Dijo que falló a favor de Terán basada en un principio de "imparcialidad judicial".

Señaló que, durante la audiencia para revisar el recurso de habeas corpus solicitado por Terán, los representantes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y del Ministerio de Salud Pública (MSP) "optaron por el silencio".

"No presentaron evidencia alguna que refutara las aseveraciones de daño psicológico presentadas por el accionante", indicó la jueza.

Las juezas Tapia y Muñoz formaban parte de un tribunal que también estaba integrado por el magistrado Alejandro Arteaga. El pasado 12 de agosto ambas aceptaron que Terán, procesado en los casos Independencia Judicial y Metástasis, sea trasladado a la Cárcel 4. Arteaga, en cambio, votó en contra.

Tras los allanamientos a las oficinas de las juezas, estas no fueron detenidas.

La CNJ, de su lado, pidió que se respeten las competencias y decisiones de los jueces y el debido proceso "como garantía del derecho a la defensa y la observancia de presunción de inocencia".

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La Fiscalía dice que actuó con la autorización de un juez

Los allanamientos en la CNJ ocurrieron la tarde de este jueves. La Fiscalía nombró el caso como "Confourtable". Precisó que investiga un presunto delito de cohecho y que, además de las oficinas, los agentes también ingresaron a un domicilio.

"Se recabaron varios indicios como dispositivos móviles, computadoras portátiles, 1 CPU, una agenda, 1 CD y documentación. Todo será ingresado en cadena de custodia", indicó la FGE en su cuenta en X.

Pasada la medianoche del viernes, la institución emitió un comunicado en el que aseguró que el operativo contó con la autorización de un juez, quien "verificó la pertinencia, necesidad y legalidad de dicho acto".

La Fiscalía justificó los allanamientos para impedir que los indicios relacionados a presuntos actos de corrupción sea destruidos.