Avanza el proyecto minero El Domo en Bolívar a pesar de una fuerte resistencia comunitaria

El Ministerio de Energía autoriza a Curimining para iniciar la construcción de la mina El Domo en Bolívar, enfrentando resistencia de las comunidades locales.
Foto referencial de unas volquetas en una mina ()
06 ago 2024 , 17:29
Televistazo

La minera Curimining ha recibido la luz verde del Ministerio de Energía para avanzar en la construcción de la mina El Domo, ubicada en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar.

Esta autorización implica el cambio de fase del proyecto, pasando de la exploración a la explotación de cobre, oro, plata, plomo y zinc durante los próximos diez años en un yacimiento que abarca 1,458 hectáreas.

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El proyecto contempla una operación a cielo abierto y el uso de maquinaria pesada fue aprobado, con una proyección de procesar 1 800 toneladas de material diariamente.

Esta decisión ministerial se tomó una semana después de que la Unidad Judicial Multicompetente de Las Naves rechazara la acción de protección presentada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), que actuaba en representación de las comunidades de Buenos Aires, Bella Vista y Jerusalén.

Resistencia comunitaria en contra a la mina

Las comunidades afectadas expresaron su oposición a la mina, argumentando que la consulta ambiental del proyecto fue ilegal y demandando la revocación de la licencia.

Según los comuneros, la explotación minera pone en grave riesgo las fuentes de agua esenciales para la población y la agricultura local. La decisión judicial fue apelada y el caso será revisado por la Corte Provincial de Bolívar, aunque aún no se ha fijado una fecha para la audiencia correspondiente.

Luis Caiza, presidente del Comité Ambiental de San Luis de Pambil, y uno de los seis sentenciados por asociación ilícita tras una acusación de la minera, ha manifestado su preocupación.

“Estamos preocupados porque el Estado está tratando de dividirnos con demandas”

Además, otras seis personas enfrentan denuncias por terrorismo y violación de propiedad privada, incrementando la tensión en la región.

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Las comunidades insisten en que la explotación minera no debe comenzar hasta que se resuelva la apelación de la acción de protección en la Corte Provincial de Bolívar. Desde 2022, la disputa por la explotación del yacimiento generó varios incidentes, incluyendo enfrentamientos con la fuerza pública.

La resolución de este conflicto será crucial para determinar el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales en la región.

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