10 pozos petroleros del bloque ITT serán cerrados hasta diciembre de este año
A un año y un mes de la consulta popular para dejar el crudo bajo tierra en el bloque 43, apenas se ha cerrado el 2% de los pozos petroleros.
Cinco de los 247 instalados en el bloque Ishpingo, Tampochoca, Tiputini, ITT, fueron cerrados de forma técnica desde el 28 de agosto hasta este miércoles, según la información oficial del Ministerio de Energía. Otros cinco pozos se cerrarán en los próximos tres meses, según un cronograma que maneja la entidad.
Como parte del cierre y abandono de los pozos se realizará la extracción del equipo electro sumergible y la tubería de producción. También se limpia el crudo de los pozos y se colocan tapones de cemento, siguiendo un plan trazado por Petroecuador y que cuenta con la supervisión del Ministerio de Ambiente.
“Ellos van diciéndonos cuáles tienen que ir cerrando y que no tengan ese impacto de sacar algo que ha sido utilizado y que puede haber derrames”.
La producción de este bloque, el cuarto en importancia después de Sacha, Auca y Shushufindi, ha decaído. En agosto del 2019 superó 80 mil barriles diarios. En agosto del 2023 bajó a 57 500 barriles diarios y en agosto de este año llegó a 51 500 barriles diarios. Esta reducción se da por el cumplimiento del mandato popular.
Le puede interesar: El Gobierno inicia el proceso de desmantelamiento del Bloque 43-ITT, en Orellana
Según la última actualización del Ministerio de Energía, cerrar todos los pozos costará USD 1 400 millones y se deberá ejecutar en cinco años y cinco meses.
Se busca asumir el costo con el aumento de la producción en campos nuevos o campos maduros en los que se puede mejorar la extracción del crudo con nuevas tecnologías. Pero todo esto tendrá que hacerlo la empresa privada.
Después de la consulta popular del 20 de agosto del 2023, la producción petrolera no tenía que frenarse de inmediato. Pero las autoridades debían haber comenzado un proceso de desmonte progresivo y ordenado para evitar el menor impacto jurídico, económico, social y ambiental, como lo determinó la Corte Constitucional.