Ecuador pide a una corte de La Haya anular laudos arbitrales en caso Chevron
Chevron se niega a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales.
La Procuraduría General de Ecuador pidió a una Corte de La Haya que anule los laudos emitidos por un tribunal arbitral de esa jurisdicción contra el país, en el marco de una demanda presentada en 2009 por la petrolera estadounidense Chevron.
La Procuraduría, que ejerce como defensa del Estado, presentó ayer, martes, la petición que, además, pone en duda la competencia del tribunal arbitral de La Haya para resolver la controversia.
Chveron fue condenada por la justicia ecuatoriana a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales dejados en la Amazonía del país durante el tiempo en que extrajo crudo en esa región, entre 1964 y 1992.
La petrolera, que se niega a pagar la cuantía y reniega de la justicia ecuatoriana, demandó al Estado ecuatoriano ante el tribunal arbitral, para evitar que se ejecute la sentencia en su contra y al considerar que la misma obedecía a un "complot" y a una supuesta trama de "fraude" para perjudicarla.
En principio, el tribunal arbitral aceptó las alegaciones de la compañía y endosó al Estado ecuatoriano la multimillonaria multa, al considerar que Quito había denegado justicia a la petrolera y violado un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
La Procuraduría ecuatoriana presentó su petición de nulidad de los fallos en contra del país ante la Corte del Distrito de La Haya y argumentó que no existe un convenio arbitral entre Chevron y Ecuador, por lo que el tribunal no podía declararse competente para conocer la demanda de la petrolera.
Además, sostiene que el tratado de inversiones con EE.UU. entró en vigor en 1997, es decir cinco años después de que la petrolera Chevron abandonara el país.
La Procuraduría alegó que, además, que el laudo arbitral que buscaba que se suspendiera la ejecución de la condena impuesta por la justicia del país, viola "el derecho público ecuatoriano" y contraviene con los principios de separación e "independencia de poderes" del Estado
Además, sostiene que el laudo arbitral induce a una situación grave, ya que el proceso contra la petrolera en las cortes de justicia del país, conocido como "Juicio de Lago Agrio", concierne a indígenas y colonos de la Amazonía y del que el Estado ecuatoriano "no es parte".
Asimismo, la Procuraduría advierte de que el tribunal arbitral "ha actuado con exceso de poder al resolver que los ciudadanos ecuatorianos no podían presentar reclamos ante la justicia nacional sobre su derecho de vivir en un medio ambiente sano, decisión que afecta el derecho de los demandantes de Lago Agrio, quienes no son parte ni han sido escuchados en este arbitraje".
"A través de estos argumentos jurídicos, Ecuador pretende que los Tribunales holandeses dejen sin efecto los laudos dictados dentro de este arbitraje", señala el texto de la Procuraduría.
De su lado, el procurador general ecuatoriano, Diego García, dijo que el pedido de anulación plantea serias y sólidas dudas sobre la competencia del tribunal de La Haya, que la defensa del Estado ya había argumentado en el inicio del proceso, pero que fueron "desconocidos" por la entidad arbitral.
Además, dijo que, en su opinión, "es evidente que la controversia no responde al ámbito de un arbitraje de inversión y que el tribunal ha rebasado los límites del derecho internacional al asumir una competencia que no tiene, lo que afectaría la validez de cualquier decisión que adopte en el futuro".
La petición de nulidad de los laudos arbitrales por parte de Ecuador se da pocos días después que el tribunal de La Haya anunciara la suspensión de una audiencia en la que se debía resolver el fondo de la controversia con Chevron.
El pasado 3 de enero, el tribunal suspendió el calendario procesal y convocó a las partes a una reunión para el próximo día 20, con el fin de fijar un nuevo cronograma.