El Ministerio de Economía emitió acuerdo para clasificar parte de su información como reservada y confidencial
El pasado 22 de abril el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un acuerdo en el que se determina la política para la elaboración, clasificación, registro y custodia de la documentación pública, reservada y confidencial.
Según este acuerdo, es información confidencial aquella que contenga datos que al revelarse pudiese dañar el derecho a la privacidad, los datos personales, intereses comerciales y económicos legítimos y las patentes, derechos de autor y secretos comerciales.
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En cambio, se clasificará como reservada la información cuyo conocimiento y difusión contenga un riesgo de daño claro, probable y específico a intereses públicos.
Entonces, define como información reservada, entre otras, a las comunicaciones a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados a propuestas, políticas, comentarios a proyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos cuya reserva se encuentre debidamente motivada.
El acuerdo no explica cómo se socializa un reglamento que es reservado, cómo se lo cumple si nadie lo puede conocer.
Además, establece diferencias. Una información reservada debe señalar el derecho constitucional, bien jurídico o interés público que busca proteger, los riesgos que implicaría para el Estado y la sociedad la libre circulación de esa información, las ventajas que obtiene el Estado con la reserva de la información y el tiempo que durará ésta.
Mientras que, la información confidencial podrá ser catalogada como tal por los titulares de cada unidad administrativa.
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Desde el MEF señalan que esta disposición no está relacionada con el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que está en proceso de aprobación, cuyo contenido -dice el Gobierno- será público una vez que se suscriba.
Finalmente, esta nueva política de manejo reservado de información sobre cuentas públicas se implementará en 90 días, luego que culmine la capacitación a las unidades administrativas.