La familia Almeida Ortega intenta devolver los equipos de CNT desde hace seis meses, en Quito
Estafada, engañada y manipulada es como se siente la familia Almeida Ortega. Ya es casi medio año de que han intentado cancelar el contrato de Internet y línea teléfonica fija con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), pero ha sido imposible.
Les dan el turno para ser atendidos después de cuatro meses. Mientras tanto, están obligados a cancelar USD 30 al mes por un servicio que no tienen y no quieren. Guardan los equipos, empolvados y otros empacados, listos para entregar, pero están a la espera de voluntades ajenas.
Lo que les motivó a cancelar el contrato fue la mala atención al cliente y sobretodo el mal servicio de Internet ya que unos días tenían señal y otros no. Tomando en cuenta que durante la pandemia en casa estudiaban en línea y hacían teletrabajo, por lo que la tecnología era indispensable. Después insistir consiguieron tres inspecciones, pero ninguna dio solución.
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Este no es un problema nuevo, hay varias denuncias similares en redes sociales que cuentan lo decepcionados que están los usuarios del servicio. Lo que no cambia o disminuye son las personas afectadas.
Pero, ¿qué dicen las instituciones llamadas a regular este tipo de acciones? Nada. Este es un problema que persiste por años y -según especialistas- sucede porque el estado es juez y parte en los procesos. El Ministerio de Telecomunicaciones y Arcotel optan por el silencio y así la lista de perjudicados aumenta.
Esta familia guarda como tesoro el mensaje que al fin recibieron de la tan esperada cita para retirar el servicio que les ha dado más de un dolor de cabeza. Ahora esperan que después del calvario que están viviendo no tengan pendientes o valores acumulados de sorpresa años posteriores.
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