El gremio minero de Ecuador afirma que prohibir esa actividad, en lo legal, no protegerá al Chocó Andino
La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), María Eulalia Silva, aseguró este lunes 26 de junio de 2023 que la consulta popular para prohibir la minería en el Chocó Andino, una reserva de la biosfera situada dentro del área metropolitana de Quito y considerada un "paraíso" por sus habitantes, no resolverá las amenazas ambientales de este enclave natural.
Silva explicó en una entrevista con EFE que el veto a la minería legal en ese territorio de 124.296 hectáreas, situado al noroeste de la capital ecuatoriana, incentivará el ingreso de la minería ilegal, que es la que no tiene ningún respeto por el medio ambiente.
"En un país donde una industria formal y responsable, estandarizada y trazable no puede continuar, lo que están haciendo es abrir las puertas de par en par a la minería ilegal", apuntó Silva sobre el plebiscito impulsado por el colectivo ambientalista "Quito Sin Minería" que se votará el 20 de agosto, el mismo día de las elecciones generales extraordinarias.
"Lejos de enfrentar las amenazas ambientales del Chocó Andino, está blindando a esa zona de nuevas inversiones responsables. No podemos hacernos cargo de lo que suceda con la minería ilegal", añadió.
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Oro o agua, un dilema "infundado"
Asimismo, consideró que "hay que sacarnos ese chip de la cabeza que nos han metido infundadamente de que hay que escoger entre el oro y el agua, o entre la minería y la conservación".
"Con una minería responsable no es necesario escoger. Se puede tener ambas cosas", aseguró Silva, quien recordó que, de ganar el "Sí" en la consulta popular, esto no afectará a las doce concesiones actualmente otorgadas en la zona, entre ellas una de minería a gran escala que está en "una fase muy preliminar de exploración".
Silva explicó que, en caso de que la exploración de esa concesión resultase satisfactoria y se decidiese construir una mina, esta solo ocuparía una pequeña porción de toda la concesión y el resto se mantendría, y una vez finalizada se reforestaría todo el espacio intervenido.
"Mientras, en el camino, se conservó gran parte de la concesión, y (...) se trajo mucho desarrollo a la zona", resaltó Silva, que puso como ejemplo a la sureña provincia de Zamora Chinchipe, que desde 2019 alberga las dos minas a gran escala que tiene Ecuador, y de la que señaló que su índice de pobreza se ha reducido en trece puntos en los dos últimos años.
"Por eso es muy importante que en otros distritos como el Chocó Andino no se cierre la posibilidad, y nuestro mensaje es justamente que, porque el ambiente es importante, hay que decir 'No' (a la prohibición)", continuó.
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Canadá y Australia como referentes
Como referentes en la minería industrial responsable mencionó a Canadá y Australia, "países que tienen una economía desarrollada en base a la minería, que ha generado otras industrias, han conservado áreas naturales y también a sus pueblos ancestrales".
También argumentó la necesidad de seguridad jurídica para una industria donde, a veces, necesita entre quince y dieciocho años para poder extraer el primer gramo de mineral, entre la exploración, los permisos y la construcción, sobre todo cuando en 2018 ya hubo una consulta nacional para prohibir la minería en centros urbanos y áreas protegidas e intangibles.
Para Silva, esta nueva consulta "lo que crea es zozobra e inseguridad jurídica, y lo que menos hace es atraer la inversión de calidad, más bien lo que puede estar generando es un incentivo para la minería ilegal".
La consulta se produce además en el mejor momento de la industria minera de Ecuador, que el año pasado registró un récord histórico de exportaciones con 2.775 millones de dólares, gracias sobre todo al aporte de la aurífera Fruta del Norte y cuprífera Mirador, las dos grandes minas situadas en Zamora Chinchipe.
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Un potencial por explotar
Asimismo, citó un estudio del Grupo Spurrier que el año pasado estimó en 176.000 millones de dólares las exportaciones que en los próximos 30 años arrojarían para Ecuador los doce proyectos mineros más avanzados que tiene el país, con 44.000 millones de dólares en impuestos y 21.000 millones en inversión extranjera.
"Es decidir qué modelo de desarrollo queremos los ecuatorianos. Tenemos un montón de necesidades, pero también un montón de oportunidad y recursos que son imprescindibles", comentó Silva.
"No podemos decidir vivir sin minerales, más aún en medio de la matriz energética donde se necesitan minerales, como los automóviles eléctricos, que requieren cuatro veces más cobre que un vehículo normal. (...) Por eso, si realmente nos interesa el ambiente, no deberíamos dar paso a esta prohibición", concluyó.
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