Desde vender su oro hasta revisar los subsidios, los planes que tiene Ecuador para enfrentar la crisis económica
"No hay plata, no hay plata, no hay plata", menciona el actor Mario Cabezas, del desaparecido programa Vivos, en un video que se ha difundido en redes sociales.
Pues eso, exactamente eso, es lo que está pasando actualmente con el Estado ecuatoriano.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, Ecuador cerrará el 2023 con un déficit de 5 789 millones de dólares, lo que equivale al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, el país tiene muchos más gastos que ingresos.
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Que exista un déficit fiscal multimillonario no es novedad. Lo preocupante es que la brecha entre ingresos y egresos es amplia. En 2022 Ecuador cerró su economía con un déficit del 1,7 % de su PIB y en 2021 finalizó con el 3,5 %. En 2020, el año de la pandemia del COVID-19, el Estado cerró con un déficit del 7,7 %.
Hasta la primera semana de diciembre el saldo en la Cuenta Única del Tesoro Nacional era de apenas 95 millones de dólares. Solo a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales se les debía más de 856 millones de dólares.
Según la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), al 25 de diciembre ya se habían transferido más de USD 168 millones a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). La deuda a la fecha superaría los 688 millones de dólares.
El Estado tiene deudas por todos lados. Le debe al IESS, proveedores, entidades públicas, entre otros. El mismo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, lo reconoció así en un conversatorio con periodistas en Guayaquil.
Y a las deudas actuales habrá que sumarle los costos de los proyectos que tiene en mente Daniel Noboa y su Gobierno. El presidente de la República, por ejemplo, ofreció en campaña su denominado Plan Fénix, un proyecto de seguridad que implica dotar a la fuerza pública de armas, drones, uniformes, etcétera. También se ha anunciado que al menos cuatro cárceles serán construidas desde enero.
La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, sostiene que el Plan Fénix está en marcha, pero reconoce que la ejecución de todas sus etapas depende de recursos económicos.
Otro gasto fijo que tendrá el Estado el próximo año son las elecciones. Noboa convocará a una consulta popular donde también se deberá ratificar o no una enmienda constitucional sobre el apoyo de los militares a los policías. Sería la cuarta vez en menos de 14 meses que los ecuatorianos irían a las urnas.
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¿Cómo se llegó al escenario actual?
Según la información otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la principal causa de este déficit presupuestario es un desplome en los ingresos petroleros.
En 2022, el Estado obtuvo más de 8 720 millones de dólares por la venta de crudo, pero al cierre de 2023 se obtendrán USD 1 983 millones. Es una caída del 77 % en los ingresos petroleros.
Otro rubro que ha caído, aunque no tan estrepitosamente, son los ingresos por recaudación de impuestos. En 2022, el fisco recolectó USD 15 100 millones. Se proyecta que al término de 2023 se hayan recaudado 14 582 millones.
Por otra parte, Ecuador ha sufrido una desaceleración económica. Se había pronosticado que la economía ecuatoriana iba a tener un crecimiento en 2023 del 3,1 % del PIB. Sin embargo, en una segunda revisión que se hizo en noviembre, la proyección se la aterrizó a un 1,5 %.
Las crisis política y de inseguridad ciudadana han contribuido a que las inversiones disminuyan.
¿De dónde sacar plata?
El Gobierno está buscando obtener recursos de donde sea. Vender el oro de las reservas internacionales, revisar los subsidios a los combustibles y reducir el tamaño del Estado son algunos de los planes que tiene la Administración de Noboa.
Sobre el oro, el gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, aseveró que se intenta vender más de seis toneladas del metal precioso que están en las reservas internacionales y que "no generan ninguna rentabilidad".
Con respecto a los subvenciones, el ministro Vega ya anunció que la primera quincena de enero se presentará un plan para focalizar el subsidio a los combustibles. Ese es un tema delicado en Ecuador. A los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso les costó protestas en todo el país.
Y referente a la reducción del Estado, Noboa, por ejemplo, ordenó la extinción de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO) y dispuso reestructurar la Vicepresidencia de la República, puesto que a su titular, Verónica Abad, la mandó a Israel.
A pesar de ello, el Estado sigue siendo grande. Gigante. Hay más de 492 000 servidores públicos.
Por otra parte, el Gobierno Nacional tiene puesta su esperanza en la recaudación de más de 800 millones de dólares mediante la reforma tributaria recién aprobada.
Adicionalmente, el régimen confía en su producción petrolera, aunque en 2024 tendrá un revés, pues se termina la extracción en el bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), en el Parque Nacional Yasuní. El plazo máximo para sacar crudo de ahí es agosto de 2024.
Y, en ese sentido, debe sacar más dinero para el desmantelamiento de toda la infraestructura alrededor del bloque ITT.
Para el analista económico y rector del Tecnológico Arcos, Jorge Calderón, el tema de la revisión de subsidios es determinante si el Gobierno desea tener más liquidez para atender otros frentes, no obstante, advierte que ello tendrá un costo político.
En cuanto a vender bienes del Estado como el Banco del Pacífico, canales de TV (TC o Gamavisión) e incluso el avión presidencial, que Lasso intentó rentabilizar, no se ha dicho nada.