Banecuador no puede perdonar más deudas porque significaría su liquidación, asegura gerente
El gerente de Banecuador asegura que si el Gobierno Nacional accede a perdonar más deudas de sus clientes, la entidad financiera podría entrar en una "liquidación forzosa".
Este lunes 6 de marzo, en entrevista en Contacto Directo, Mauricio Salem respondió a la propuesta de dirigentes indígenas que insisten en que Banecuador debería condonar más obligaciones a sus usuarios.
Al hacer todos los estudios, se determinó que una condonación adicional iba a significar una posibilidad cierta de una liquidación forzosa de Banecuador.
De acuerdo a cifras ofrecidas por el gerente, el banco dejó de percibir 60 millones de dólares por el perdón de deudas de hasta USD 3.000 a unas 26.000 familias. La decisión se tomó tras los acuerdos logrados en las mesas de diálogo, que fueron instaladas luego de las protestas de junio de 2022 contra las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso.
El funcionario mencionó que si se plantea una condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, como lo ha solicitado la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el banco dejaría de percibir 200 millones de dólares y dejaría de atender a 71.000 familias que se benefician de créditos al 1 % de interés.
La Fenocin incluso solicitó que a los clientes del Biess también se les condonen deudas por el mismo monto, a lo que el gerente respondió:
Hay gente que sí puede pagar sus deudas y que con solo la posibilidad de una condonación han dejado de honrar sus obligaciones.
La discusión sobre el perdón de las deudas resurgió en medio de la nueva tensión entre el Gobierno y el movimiento indígena, que implicaría una nueva movilización.
Y es que, para la Conaie, el régimen ha incumplido los compromisos alcanzados tras el fin de las huelgas del año pasado. De hecho, el mes pasado la organización decidió abandonar las mesas de diálogo con el régimen
La postura de la Conaie es otro factor que preocupa al régimen de Lasso, que enfrenta además la denuncia por presunta corrupción en empresas públicas, que debe encarar la investigación por el supuesto vínculo entre la mafia albanesa y allegados al Gobierno, y que también debe sortear el rechazo de la mayoría de ecuatorianos a las políticas del mandatario, una posición que fue ratificada en las últimas elecciones cuando la ciudadanía negó la consulta popular promovida por el Ejecutivo.
A ello se suma la relación hostil que tiene el Gobierno con otras organizaciones políticas y con la Asamblea, donde se busca llevar a un juicio político al presidente de la República.
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