La Asamblea privilegia el pago a los GAD, ocasionando un posible descalabro en las finanzas públicas
Buscar la transferencia directa y automática de recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) podría generar un problema tan complejo como que las cuentas del Estado permanentemente estén en rojo.
Es un asunto de números, los ingresos permanentes del Estado para el 2024 están presupuestados en USD 15 716 millones, los egresos permanentes son USD 20 569 millones. Ahí está el primer problema, al país le hacen falta USD 4 880 millones para cubrir una parte de sus gastos.
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Se debe tener en cuenta que los gastos permanentes incluyen el pago de sueldos, para lo que se necesitan USD 9 823 millones, para pago de intereses de deuda interna y externa USD 3 628 millones, para seguridad social USD 3 082 millones, para bienes y servicios de consumo USD 1 842 millones y para los bonos sociales USD 1 295 millones.
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Según el Código de Ordenamiento Territorial, los Gobiernos Autónomos Descentralizados reciben el 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes, ese 21 %, de acuerdo a lo presupuestado, asciende a USD 3 300 millones.
Y aunque el Gobierno los colocó en el presupuesto como egreso no permanente, son pagos que se deben hacer habitualmente.
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Con lo aprobado por la Asamblea, y teniendo en cuenta que los gastos superan los ingresos, el Banco Central debería transferir en los primeros cinco días del mes la totalidad de los recursos que corresponden a los GAD.
Y con ello, alguien se quedaría sin dinero, los servidores públicos, la seguridad social o los beneficiarios de los bonos. Por cierto, no es posible financiar esos rubros con deuda porque la constitución dispone que los gastos permanentes se financien con ingresos permanentes.
Por ello es que desde distintos sectores se ha calificado como ilusionismo financiero lo resuelto por la Asamblea, porque el problema de los atrasos con Municipios y Prefecturas tiene como origen la falta de recursos y lo aprobado no ataca ese origen sino que únicamente privilegia el pago a los GAD, en detrimento de otros sectores.
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